Un grupo de líderes comunales de Valledupar piden al Gobierno nacional garantía para ejercer libremente el ejercicio social en sus territorios. Este llamado se realiza en el marco de un panorama de amenazas y homicidios contra líderes sociales en el país.
El presidente de la JAC de La Guitarra, Ronal Enrique Ramírez, manifestó que el Gobierno nacional tiene una deuda social con las comunidades vulnerables. “Somos víctimas del conflicto armado. Nos han amenazado de muerte y queremos que el presidente Petro reivindique nuestros derechos”, sostuvo Ramírez.
Por su parte, Manuel Lara, líder comunitario dijo: “Queremos garantizar nuestros derechos y que sean escuchadas las necesidades de la comunidad”.
Asimismo, Carlos Alberto Fernández, explicó: “Hemos sido sesgados por entidades nacionales que no escuchan nuestras voces”.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre el primero de enero y el 31 de agosto del 2022, se presentaron 136 casos de homicidios contra líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos en el país, 27 casos más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.
Lo anterior, quedó consignado en el Mapa Nacional de Vulneraciones a los Derechos Humanos que presentó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos desde el municipio de Caloto, Cauca.
Precisamente, el Cauca es uno de los departamentos en los que se cometió el mayor número de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. En los primeros 8 meses del año se presentaron 19 asesinatos en Cauca, 21 en Nariño y 15 en Antioquia.
Le siguen: Putumayo con 12 asesinatos, Arauca con 9, Valle del Cauca con 9, Bolívar con 8, Tolima con 6, Caquetá con 5, Norte de Santander con 4, Cesar con 4, Chocó con 3, Meta con 3, Sucre con 2, San Andrés con 2, La Guajira con 2, Santander con 2, Risaralda con 2, y Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Casanare, Guaviare, Córdoba, Magdalena y Bogotá con un caso cada uno.
“Estamos ante una oportunidad histórica para establecer una ruta de diálogo que nos permita alcanzar la paz que tanto anhelamos, pero para ello necesitamos una clara voluntad de paz de todos los actores armados. En este escenario, el mejor gesto de paz que podrían hacer los grupos armados ilegales es ponerle fin a los asesinatos de quienes ejercen el liderazgo y defienden los derechos humanos en las comunidades”, acotó el defensor del Pueblo.
KAREN LILIANA PÉREZ / EL PILÓN
@karenperezcol