En las discusiones políticas que suelo tener en los almuerzos con amigos y grupos de chat, por lo general concluimos que todos los males de este país nacen, crecen y mueren en el Congreso de la República.
Cuando revisamos la historia de los escándalos de corrupción en Colombia siempre encontramos a un congresista involucrado en el torcido y cuando se realizan las encuestas de percepción de imagen de las entidades públicas del país, el Congreso es el peor calificado por los colombianos.
Por estas y otras razones, los colombianos debemos exigir al próximo presidente de la República la prioridad inaplazable de una reforma política que inicie por el Congreso de la República, haber si logramos eliminar las perversas prácticas de los compromisos, extorsiones y complicidades. Comenzando por modificar el proceso de elección de contralor, procurador y defensor del Pueblo, para eliminar esa perversa costumbre del trueque de votos de los congresistas por puestos burocráticos en esas entidades públicas o las engavetadas de procesos disciplinarios y fiscales.
Otra práctica inmoral que debe eliminarse en el Congreso es la mal llamada coalición o partidos de gobierno, un esquema político de apoyo gubernamental que terminó convertido en chantaje y complicidad mutua. Ustedes me aprueban las leyes, reformas administrativas, presupuestos y me protegen a los ministros del Despacho ante cualquier moción de censura, y yo les entrego a sus partidos políticos los ministerios y demás entidades públicas con sus respectivos presupuestos para que se los repartan entre sus senadores y representantes a la Cámara. ¡Qué horror!
Claramente, la cirugía más urgente que requiere el Congreso es una liposucción para quitarle la grasa que le sobra en sobregastos de nómina y administrativos. Y hay que comenzar por reducir el número de congresistas y eliminar los exagerados salarios y gastos administrativos. No se justifica tener un Congreso con una nómina de 280 congresistas con una UTL integrada por diez empleados, dos Toyotas blindadas con choferes y escoltas, 96 tiquetes aéreos en primera clase al año, viáticos, seguros y cuatro meses de vacaciones. Según las cuentas de varios analistas, a los colombianos nos cuesta el Congreso unos $33.000 millones mensuales.
Lo peor del cuento es que un grueso número de estos congresistas son anónimos para los colombianos y prácticamente vienen a pasear a Bogotá. Les aseguro que si recojemos una platica y le pagamos a una firma auditora un estudio de evaluación de gestión a los 280 congresistas, más de la mitad se raja. Solo basta con evaluar el cumplimiento de sus promesas electorales en sus regiones; los debates de control político realizados a ministros y demás autoridades con resultados concretos; los proyectos de Ley radicados y aprobados, y por último, verificar su asistencia a los debates de comisiones y plenarias.
En consecuencia, los colombianos estamos exigiendo un Congreso que sea verdaderamente representativo, que haga buenas leyes, ejerza un buen control político y actúe con transparencia. ¿Es mucho pedir?
En el tintero: Una reflexión final del expresidente de los Estados Unidos, Harry Truman. “Cuando uno es presidente se le rinden honores, salvas de veintiún cañonazos y todas esas cosas. Pero hay que recordar que no son para uno: son para la presidencia”.