Por: José Félix Lafaurie Rivera
El informe sobre el acuerdo rural de La Habana, deja inmensas inquietudes por las propuestas que revela y las amenazas que oculta. La ratificación de instrumentos como la extinción de dominio y la expropiación discrecional y sumaria de tierras, no ya como una propuesta de política pública sino como un compromiso con las Farc, genera dudas sobre el pulso final entre Gobierno y guerrilla, de cara al derecho a la propiedad privada legítimamente adquirida. Un precepto constitucional, que el gobierno se ha comprometido a respetar, pero sobre el cual no advierte una palabra el documento. Y, por supuesto, está de por medio la solución a los baldíos, que deja al Gobierno en posición incómoda ante los “nuevos concentradores de tierra”, unos ilegales y otros legales.
Sorprende el ánimo expropiatorio sobre la propiedad legal. No fue la información que recibimos los ganaderos en la Junta de Fedegán, a la que asistieron los negociadores del gobierno. El Fondo de Tierras plantea 2 encrucijadas de marca mayor al gobierno. La primera, sobre el nivel de concentración de la tierra que se requiere, para generar escalas competitivas para la producción agroalimentaria y de biocombustibles; frente a la desconcentración para fomentar la producción campesina, en un entorno de globalización. La segunda se relaciona con el problema de los baldíos, que surgió gracias a una normatividad confusa, mensajes de promoción a la inversión que no calzaban con esa legislación y la proclividad de hacerle el “esquince a Ley”.
La solución no debería representar una encrucijada, si no mediaran 2 factores. Los efectos socio-económicos de nulidad sobre los actos de adjudicación de los baldíos. Entre ellos, la pérdida de inversiones, demandas, desbandada del capital privado y hasta consecuencias políticas, por los vasos comunicantes entre los grupos económicos y la política. Y, de otro, las negociaciones en La Habana, en las cuales el Gobierno se allanó a la posición ideológica de las Farc, según la cual la utopía comunista –de igualdad, erradicación del narcotráfico y terminación del conflicto–, se logra con la redistribución de la tierra.
Si se deslinda de sus compromisos con las Farc y favorece a los nuevos concentradores, afrontará un juicio ético, legal y político. Una “solución” inaceptable para los ganaderos o cualquier propietario legal. Pues mientras los grandes empresarios lograrían sortean sus argucias, los demás enfrentaríamos la expropiación y la extinción de dominio. Si, por el contrario, continúa las negociaciones, tendrá que desmarcarse de favorecer a gran capital y aplicar la Ley. Pero también seguir avalando políticas que van de lance en ristre contra la propiedad tradicional y la opción de aprovechar los vientos globales. Francamente no vemos el equilibrio, para alcanzar la promesa del Presidente según la cual “en nuestro modelo para el agro caben empresarios y campesinos”.