Como un compromiso multiactor fue definido el documento firmado que resguarda la protección de personas víctimas de amenazas contra su integridad personal, líderes y defensores de los derechos humanos que han sido asesinados e intimidados por desconocidos. La consejera presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, comentó que para finalizar el año 2017 fueron asesinados 90 líderes y en lo que va corrido del 2018 se han cometido 20 homicidios. “Verificamos otras más porque es un proceso que hacemos con salvedad, trabajamos con la Fiscalía frente a estos y otros que se presentan desde la sociedad civil”, afirmó Gaviria.
La reunión, que se llevó a cabo en el Archivo Departamental del Cesar, tuvo como tema principal un homenaje a los líderes asesinados como una forma de comenzar a generar confianza entre los diálogos firmados. Entre los años 2016, 2017 y 2018 existe una tasa del 50 % de crímenes resueltos, “un número importante de capturas a los que compete 170 casos, es decir, es un tema que está en la prioridad de la agenda pero el mensaje queríamos mandarlos desde el Cesar”, aseguró Paula Gaviria.
Actualmente se han venido adelantado, en conjunto con el Ministerio de Minas, estrategias enfocadas al corredor minero, por eso se quiso empezar una fase que vincula la comunidad, sociedad y empresas, a través de una declaración donde firmaron además los representantes del Gobierno Nacional, la Gobernación del Cesar y participaron la Consejería, la Embajada de Holanda y otras autoridades competentes.
Estas entidades, a través de la firma, asumen el compromiso de generar “garantías a la importancia y valor que tiene la defensa de los derechos humanos y quienes la defienden”.
Por su parte, el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, asistió al encuentro para firmar el ‘pacto multiactor’ que brindará y garantizará la seguridad de los defensores de los derechos humanos. Sobre las amenazas que se han reportado en el departamento, Ovalle Angarita aseguró: “Nosotros tenemos unas alertas, actividad que se ha venido radicando desde la Secretaria de Gobierno Departamental y pertenecen a líderes sociales y sindicales quienes las han presentado. Pero son muy pocas, se ha reducido significantemente” .
También hizo presencia en el auditorio el consejero político de la Embajada de Holanda, Floris Van Eijk, quien ratificó que el compromiso de todas las entidades y empresas adscritas al pacto debe considerarse importante; resaltó que en ninguno de los sectores se permite amenaza contra líderes y defensores. Aunque “se dice que en todo Colombia después de la firma de los cuerdos, 300 líderes y defensores han sido asesinados, y miles amenazados”, acotó.
Su compromiso radica en que Holanda es uno de los principales compradores de carbón en Colombia, sobre todo el producido en el departamento del Cesar y La Guajira, por eso la intención es que “las empresas mineras sean más sostenibles”.
Luis Fernando de Angulo, director ejecutivo de la fundación CREER, una de las entidades financiadas por Holanda, indicó que el encuentro fue una forma de generar rechazo a las amenazas consolidando un compromiso para colaborar a la prevención y atención de las mismas.
“Este es un hecho único y esperamos que se repita la colaboración de empresas, organizaciones, de la sociedad civil y comunidad para evitar la repetición de violencia”, aseguró.
Defensores de derechos humanos
Muchos de los líderes y dirigentes de los derechos humanos no tienen claro lo que está sucediendo o puede suceder posterior a los acuerdos, así lo manifiesta Mario Jácome de la Organización Manos Unidas de Colombia. “No se ha hecho la tarea con las víctimas de resarcir el daño que les hicieron en años anteriores”, expresó Jácome, preocupándose porque los principales afectados adquieran una vida digna.
Guillermo Pérez, director de las a la Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar, afirma que no se conoce el fondo del compromiso firmado porque hasta la fecha, no se ha dado a conocer con las organizaciones sociales. “Hemos venido solicitándole a la multinacional Drummond y la multinacional Prodeco un dialogo donde se sienten los ejecutivos de esas compañías explotadoras de carbón y las comunidad afectadas por el fenómeno paramilitar”. Dentro de la conversación aseguró que existen “documentos que comprometen a las multinacionales con diferentes muertes del corredor minero”.
Prodeco
Nicolás Gómez, gerente de Desarrollo Sostenible de Prodeco, indicó que son trabajos que se vienen adelantando desde la empresa con ayuda del Gobierno departamental y las empresas mineras durante algunos años y de esa manera, conformar ideas que permitan “trabajar con defensores de derechos humanos y cómo poder ayudar y defender a las víctimas de las violencia”.
Dentro de las tácticas a implementar a través del compromiso que se adelantarán en La Jagua de Ibirico, Codazzi, Becerril, El Paso y Chiriguaná, municipios del corredor minero, está “un protocolo de alertas tempranas para que nos digan a nosotros como empresas o a las autoridades locales cuando un líder está siendo amenazado o tiene algún grupo de riesgo”.
EDUARDO MOSCOTE / EL PILÓN
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