La justicia es uno de los pilares que permiten consolidar un Estado Social de Derecho, establecido en la Constitución Política de 1991, y de esta forma es como se ve la modernización del Estado y su aparato jurídico fortalecido.
Desde esta perspectiva, en el año 1995 nace el Programa de Casas de Justicia (pero adoptado mediante decreto 1477 del 01 de agosto del año 2000) como una estrategia para acercar los servicios de la justicia a los ciudadanos ubicados en aquellos sectores urbanos más apartados o en zonas rurales o marginales.
En ellas se aplican mecanismos de justicia formal y no formal, por ello permiten un rápido acceso a la justicia, no solamente por la utilización del derecho como referencia sino como un recurso, además de toda la información jurídica que se pueda proveer.
Los principales conflictos que se atienden aquí son: conflictos familiares (cuota de alimentos, custodias, régimen de visitas, etc.), entre vecinos, asesorías laborales, recursos administrativos, no pago de deudas, asesorías sobre el estatuto del consumidor, ley 142 de servicios públicos, actividades lúdicas y pedagógicas en torno a temas relacionados con la familia y la convivencia pacífica, prevención de la violencia intrafamiliar, y prevención de la violencia de género, entre otros.
Valledupar fue la tercera ciudad del país (después de Bogotá en ciudad Bolívar y aguablanca en la ciudad de Cali), que implementó esta estrategia con la puesta en funcionamiento de la Casa de Justicia del barrio Primero de Mayo ubicado en la Comuna III en el año 1997, y luego en el año 2004, se implementó en la Comuna V en el barrio la Nevada.
Con todo esto, las Casas de Justicia, a través de los años se han convertido en verdaderos centros de referencia, de información, de orientación y de resolución de conflictos a través de la promoción de los MASC, porque integran los servicios de justicia en un solo lugar, como: Comisarias de Familia, Inspección de Policía, Fiscalía, Personería, Inspección de Trabajo, Registraduría, Centros de Conciliacion, Consultorios Jurídicos de Universidades, Defensores Públicos, ONG como aliados estratégicos, entre otros.
Ahora bien, con ocasión de la crisis por la covid-19 y, desde el primer momento se expidió el decreto 460 del 22 de Marzo de 2020 por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del servicio a cargo de las Comisarias de Familia, y poco después el funcionamiento de las Inspecciones de Policía, abriendo canales de atención virtuales y la presencialidad en casos de extrema urgencia, priorizando los actos urgentes especialmente cuando está en peligro la vida y la integridad de la víctima, guardando los protocolos de bioseguridad.
Por ello se hace necesario -y esta columna es un llamado- que los gobiernos locales apoyen la gestión de estos centros, porque sin duda se trata de una instancia que contribuye a reducir los niveles de conflictividad en las zonas donde se han implementado.
Entonces, dado que Colombia es un Estado Social de Derecho, es apenas lógico que se utilice esta herramienta para garantizar a los ciudadanos el acceso a un sistema de justicia eficaz, respondiendo a las necesidades particulares de los usuarios en materia de justicia y constituyéndose en núcleo de referencia para el desarrollo local, así como para la construcción de la cultura de paz entre las comunidades.