El Cesar puede ser un departamento que le muestre a Colombia hasta dónde llegaron las consecuencias de los grupos paramilitares y las guerrillas, quienes dejaron como resultado masacres, desplazamientos, violación de los derechos reproductivos y culturales, secuestros y más de 3 mil desapariciones forzadas.
Han pasado los años y aún se siente el miedo, la zozobra y el temor que genera la falta de paz social en todo el territorio. “El conflicto armado se transforma y va mutando en el tiempo y el espacio. En el Cesar aún hay sitios estratégicos, regiones donde se siente que no ha terminado el conflicto, donde la gente siente temor porque hay presencia de grupos armados, porque aparecen pintadas las paredes con letras, porque secuestraron a alguien”, afirmó la coordinadora de la Comisión de la Verdad en el Caribe, Ana María Ferrer.
Por lo anterior, desde el pasado 26 de mayo la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se reunieron con 80 representantes para analizar escenarios que impidan la continuidad del conflicto armado en el departamento.
Este diálogo contará con distintas fases y tiene como finalidad llegar a la firma de un ‘gran pacto por la no repetición y la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el Cesar’, una de las prácticas represivas más atroces cometidas durante el conflicto. En este espacio se escucharon las voces, testimonios y compromisos de representantes de las comunidades negras, jóvenes, mujeres, indígenas, víctimas, comunidad LGTB+, empresarios, comerciantes, entre otros.
Ferrer agregó: “Tenemos el compromiso de ayudar a la gente que tiene las brechas del dolor, que con la verdad que estamos construyendo se pueda avanzar en la construcción de los escenarios de reconciliación y convivencia, apuntados siempre hacia la paz”. A su vez, mencionó que la paz a pesar de ser una palabra de tres letras tiene un significado bastante importante.
EL CESAR EN CIFRAS
Según el Registro Único de Víctimas, RUV, entre 1985 y 1997, en el Caribe colombiano se denunciaron 296.178 hechos victimizantes contra líderes, lideresas y comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. De estos hechos, 222.132 fueron por desplazamiento, 50.536 por homicidios, 7.822 por amenazas, 905 por violencia sexual y 1.399 por secuestro, entre otros casos.
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En el departamento del Cesar existen alrededor de 452.572 víctimas de desplazamiento, desaparición, tortura, secuestros, amenazas, afectaciones individuales, familiares, comunitarias y colectivas; sin embargo, se estima que esos registros puedan ser mayores porque muchos casos no fueron denunciados debidamente.
La investigación ‘La maldita tierra’ del Centro Nacional de Memoria Histórica, realizada por los periodistas César Molinares y Nathan Jaccard, recopila que el paramilitarismo llegó a esta región del país a mediados de los noventa y que una vez pisaron el departamento la primera estrategia para debilitar a la guerrilla fue secuestrar a sus familiares.
De esta manera se recrudeció el conflicto y las cifras del secuestro se dispararon entre 1990 y 1997. El ELN fue el responsable en casi la mitad de todos los casos en ese lapso.
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
Diariamente hay familias que se despiertan preguntando dónde y cómo están, qué les habrá pasado y cuándo volverán sus familiares, aquellos que de forma sorpresiva sin aviso alguno fueron desaparecidos y que hasta la fecha no se sabe nada sobre sus paraderos.
Es necesario que exista compromiso, empatía e interés por parte del millón cien de personas, que corresponde a la población del departamento del Cesar. “Habrá paz cuando no haya más secuestros, desaparecidos, masacres, cuando no haya grupos armados ilegales y criminales, cuando no haya hambre y pobreza. Estamos un poco lejos, pero hay que comenzar; hay que sumar esfuerzos, porque mientras sigamos indiferentes frente a lo que sucede en el país difícilmente lo vamos a lograr”, añadió la coordinadora de la Comisión de la Verdad en el Caribe.
De acuerdo con lo planteado, es inevitable recordar una estrofa de la canción de la artista argentina Mercedes Sossa, quien por medio de esta describe en cuatro líneas el sentimiento que debe expresar cada una de las personas que ve el conflicto desde la otra cara de la moneda.
…“Solo le pido a Dios
Que la guerra no me sea indiferente
Es un monstruo grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente”…
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No se debe desconocer y mucho menos desmeritar la lucha diaria que deben enfrentar las personas a las que la violencia les ha tocado fuertemente la puerta de sus casas y peor aún, a aquellos a los que sin permiso, entró vorazmente y acabó con la paz y tranquilidad de todos los que ahí habitaban.
“Las víctimas en el Cesar son unas personas que han tenido una actitud de resistencia y afrontamiento del conflicto armado, que es digno de admirar porque han soportado el peso del conflicto, no solo han perdido familiares sino también su dignidad”, concluyó Ferrer.
LA JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado en todo el territorio nacional. Por tanto, a través del Auto 033 del 2021 dio a conocer los territorios en los que comenzarán las investigaciones por ‘falsos positivos’.
La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008. El Cesar representa el 7,3 % de la suma total, ubicándose en el tercer departamento a nivel nacional con mayor victimización en el país.
La Jurisdicción se encargará de esclarecer los hechos realizados, aparentemente, por integrantes del Batallón de Artillería N°2 La Popa, adscrita a la Décima Brigada del Ejército Nacional.
Por: KETTY GUTIÉRREZ MAESTRE/EL PILÓN