El pasado 21 de octubre, la Procuraduría General de la Nación emitió la directiva 017 del 2019 firmada por el procurador Fernando Carrillo y dirigida a la ministras de Educación, María Victoria Angulo, gobernadores, alcaldes de municipios certificados, asambleas y concejos.
¿El asunto? Solicitar a las autoridades encargadas que el servicio del Plan de Alimentación Escolar, PAE, y el Transporte escolar empiece a la par del calendario electoral. “A las autoridades territoriales les corresponde la de apropiar y reservar los recursos necesarios y suficientes para la financiación o cofinanciación del PAE en su jurisdicción y adelantar los trámites para comprometer vigencias futuras cuando haya lugar”, reza el punto cinco de la directiva.
Por eso, el pasado 29 de noviembre, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, convocó al Concejo de Valledupar cuatro sesiones extraordinarias para que estudiara y aprobara el proyecto mediante el cual se autoriza al mandatario “asumir compromisos con vigencias futuras para la vigencia fiscal del 2020”.
Lee también: Gobiernos del Cesar y Procuraduría enfrentados por el PAE
Autorizados esos recursos, el entrante mandatario podrá iniciar la contratación de ambos servicios. “Hay una directiva de la Procuraduría General de la Nación, la número 017 del mes de octubre. Transporte escolar y el PAE deben iniciar con el inicio del calendario académico 2020. La Procuraduría nos exhorta en darle las herramientas a la administración para que garantice la prestación del transporte y alimentación escolar desde inicio, y no tener la excusa de que no se pudo iniciar a prestar el servicio porque no estaban las facultades. Le estamos diciendo al alcalde: Lo que es resorte del Concejo aquí está. Cumpla su competencia. La administración de la alcaldía de Valledupar no tiene distinción”, señaló el concejal Guido Castilla, ponente del proyecto.
CONTRATACIÓN POLÉMICA
Se prevé que el servicio de alimentación escolar para el 2020 tenga un costo de $24.284 millones entre la zona urbana y rural, más el servicio que se presta en la zona indígena. Mientras que el transporte escolar para el 2019 estuvo en $3.080 millones. Para ambos contratos solo se presentó un proponente.
Este año fue el Consorcio de Transportes Especiales Buenos Aires el encargado de prestar el servicio. El Consorcio estuvo conformado por dos empresas: Transcar LTDA, cuyo representante legal es Reinaldo Carvajal Riveira, y Transportes Mamonal SAS, cuyo representante legal es Eduardo Barcenas Vergara, con una participación de 95 % el primero y 5 % el segundo, según reposa en el SECOP 1.
Ambos han sido socios en la contratación del transporte escolar, pero el brazo fuerte siempre lo ha puesto el empresario Carvajal Riveira, quien lleva más de 10 años trabajando en lo público, ganando casi de forma seguida desde el 2013 la contratación del servicio de transporte escolar.
Lee también: Con un solo oferente, se adjudicará contrato del PAE
PAE TARDE
El llamado de la Procuraduría nace por experiencias como la de los últimos tres años en Valledupar donde la alimentación escolar ha iniciado casi corrido la mitad del calendario electoral. En el 2019 se presentó un único proponente. La primera licitación se cayó porque resultó que una de las partes estaba inhabilitada.
Luego con diferente nombre pero con casi los mismos integrantes, se presentó un nuevo oferente: las empresas se constituyeron en la Unión Temporal el PAE Avanza en Valledupar, con la Fundación Amovida, con un 35 % de participación; la Fundación de Profesionales al Servicio de la Seguridad Alimentaria de Colombia, con el 30%; Inversiones Ramfor LTDA, con 5 % y Seval Logística S.A.S, con el otro 30 %.
POR: DEIVIS CARO/ EL PILÓN