Por iniciativa del gobierno de la época, en diciembre de 1976 se firmó el contrato de asociación entre Carbocol (empresa industrial y comercial del Estado) e Intercor (Exxon), que posibilitó el proyecto industrial más ambicioso e importante del país.
El objetivo era convertir a Colombia en potencia carbonífera, aunque también fue ideado y desarrollado pensando en el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de La Guajira y en el bien común del país.
Desde el año 1985 Cerrejón ha exportado más de 600 millones de toneladas de carbón, lo que ha generado enormes ingresos para el país y el territorio guajiro, representados en miles de millones de pesos en impuestos y regalías, además de los impactos positivos complementarios en la cadena de suministros, en el desarrollo regional y los múltiples beneficios en el desarrollo humano y social que ha producido a lo largo de su historia, a pesar de los inevitables ciclos de precios.
Los gobernantes, tanto nacionales como territoriales que tuvieron la oportunidad de administrar esos enormes ingresos y reflejarlos en desarrollo y bienestar para la población, especialmente para las comunidades indígenas, probablemente algún día harán un proceso de rendición de cuentas y ayudarán a entender lo que realmente ocurrió con esos recursos.
La reciente e insólita arremetida de Petro contra el complejo carbonífero del Cerrejón bordea los límites de la ley. Sus declaraciones recientes, realizadas con desparpajo y extrema informalidad, que ponen en entredicho la dignidad de la Presidencia de la República como institución, se basan en mitos y falsedades que no se compaginan con la realidad, ni tienen el necesario rigor técnico y científico que deberían. Son, más bien, producto de su imaginación y de su animadversión contra esa valiosa fuente de energía, y están orientadas a acortar aún más la vida de una operación minera que le ha dado muchos beneficios a La Guajira y al país.
Achacarle a Cerrejón la muerte de los niños indígenas wayú que han ocurrido en La Guajira, así como la falta de agua por la reducción de los caudales del rio Ranchería y los arroyos superficiales que le tributan, en tiempos de verano, así como los subterráneos -cuya agua tiene altos contenidos de minerales que la hacen no apta para el consumo humano-, es una clara ratificación de lo manifestado en el párrafo precedente.
La modificación parcial del cauce del arroyo Bruno la realizó cumpliendo los más altos estándares internacionales y contó con las aprobaciones de las entidades ambientales correspondientes. Luego de varios años de haberse realizado la modificación parcial de su cauce este arroyo se ha estabilizado y fluye satisfactoriamente, desembocando en el río Ranchería, lo que demuestra que no se ha puesto en riesgo la disponibilidad de agua ni el equilibrio ecosistémico de este cuerpo de agua.
Por otra parte, las mediciones que realiza el Ideam y el monitoreo que realizan los expertos ambientales de Cerrejón, confirman que el flujo de agua del río aumenta en promedio 39 % después de su paso por las áreas cercanas a la operación minera. Existen razones técnicas y naturales para ello.
Es conveniente precisar que no existe una conexión directa entre la escasez de agua en la Alta Guajira, donde habitan la mayoría de las comunidades wayú, y las actividades de Cerrejón. En esa área geográfica más septentrional del Departamento no fluyen ríos debido a que la falla geológica de Oca direcciona al río Ranchería hacia el occidente, desembocando en Riohacha, impidiendo que gran parte del territorio cuente con las bondades de este afluente. Consciente de esa situación la empresa Cerrejón hace esfuerzos permanentes por hacer uso responsable del agua, proteger las fuentes hídricas y facilitar el acceso al preciado líquido de las comunidades wayú a través del Tren del Agua.
El presidente Petro y su ministra de Minas y Energía están buscando acelerar la transición energética y acabar las operaciones de minería del carbón. Para ello están ilusionando a las comunidades para que sean socias activas de los proyectos eólicos y solares que se desarrollen, lo que es una aspiración legítima que, sin embargo, podría tener varios obstáculos que superar antes de llevarlo a la práctica. Tampoco ha sido explicito el Gobierno sobre cómo se van a compensar los enormes beneficios que genera Cerrejón.
Solo para mencionar algunos del año 2022: más de 12.000 empleos, entre directos y contratistas, bien remunerados (60 % son guajiros), lo que será imposible de lograr teniendo en cuenta que la generación eólica y solar requiere mucho menos mano de obra; más de 12.000 beneficiados de los programas educativos, $3,7 billones entre impuestos y regalías, $2 billones de impuesto sobre la renta, $1,5 billones en regalías, $52,329 millones en pagos de impuestos al Departamento y municipios, inversión social por más de $130.000 millones en proyectos voluntarios y obligatorios, 42 millones de litros de agua entregados a más de 160 comunidades, más de 581.000 árboles sembrados y el cumplimiento irrestricto de la normatividad ambiental, entre otros.
*Tomado de publicación del Diario del Norte, 7 de julio, 2023, con autorización del autor.
Por: Álvaro López Peralta