El principal estigma de Colombia ante el mundo, luego del narcotráfico, es la corrupción. Recientemente se han destapado casos de ciudadanos del común involucrados en corrupción, de contratistas corruptos, de congresistas corruptos, de funcionarios públicos corruptos; inclusive de miembros de la fuerza pública y el mismísimo fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, resultó corrupto. Así las cosas, uno de los principales objetivos del Estado debe apuntar a recuperar la confianza de la gente en la institucionalidad.
En ese sentido, el pasado lunes el presidente Iván Duque Márquez firmó el decreto para ponerle freno a las contrataciones amañadas en infraestructura y transporte, a los pliegos ‘sastre’, a través de nuevas reglas de juego que plantean garantizar la pluralidad de oferentes en procesos de selección, estandarizando los pliegos para tratar de impulsar la inclusión de las pequeñas y medianas firmas de ingeniería que han quedado relegadas en las regiones por los carteles de la contratación.
Esperamos que esta fórmula funcione, teniendo en cuenta que las intenciones del nuevo Gobierno no son nuevas. En su momento, el presidente Santos a través de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 o Estatuto Anticorrupción intentó lo mismo, pero ya sabemos que ha pasado desde entonces en la contratación pública.
De nada sirvieron las inhabilidades para contratar a quienes incurran en actos de corrupción, quienes financien campañas políticas y exservidores públicos que gestionen intereses privados; tampoco ha funcionado que se excluyeran los beneficios a quienes incurran en los delitos contra la administración pública, y no hubo cambios favorables en los indicadores de transparencia pese los 150 artículos del estatuto que modificaron el Código Penal y que le dieron mayores herramientas a organismos de control. Casi 8 años después los corruptos se siguen robando la plata de todos los colombianos.
El decreto nuevo presidencial tendrá vigencia a partir de abril y se espera que le abra la puerta a las empresas pequeñas y medianas en materia de infraestructura, que tengan acceso a la contratación y estas a su vez cumplan con los máximos estándares de calidad y transparencia.
Ahora viene socialización y capacitación del decreto. Con ello se espera que postularse a un contrato de un ente territorial deje de ser una extorsión, que muchas de las firmas con las condiciones técnicas, financieras y éticas para contratar con el Estado vuelvan a presentar sus propuestas sin el miedo de que estas vayan a ser adjudicadas a dedo.
El tema es preocupante en todo el país y en el departamento del Cesar más. Hace unos días lo reveló el Comité de Seguimiento a la Inversión de los Recursos de las Regalías y el Centro de Estudios Socioeconómicos y Regionales, que en 2017 en las licitaciones de la Alcaldía de Valledupar hubo un promedio de 1.47 proponentes, mientras que en la Gobernación del Cesar 2.27; muy grave teniendo en cuenta que en departamentos como Atlántico el promedio es de 6 oferentes.
El Gobierno busca mejorar los procesos de contratación en infraestructura, y en ese sentido este medio de comunicación reconoce la importancia de esa iniciativa. A finales de este mes realizaremos al foro ‘Pasado, presente y futuro de la Infraestructura en el Cesar’, al que hemos invitado al viceministro de Infraestructura y Transporte, Manuel Felipe Gutiérrez; al contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, y a otros representantes de entidades del Estado relacionados directa a indirectamente con este asunto.