Afronta el Municipio de Valledupar una difícil y compleja situación financiera. Desde antes de asumir el cargo, cuando apenas se realizaba el proceso de empalme, el entonces elegido Alcalde de Valledupar, Freddys Socarrás Reales, advirtió lo que venía y – oportunamente- se lo contó a la ciudadanía. Entonces, le llovieron críticas y su antecesor, Luis Fabián Fernández, y su Secretario Álvaro Iglesias, se ufanaban de su gestión en materia de hacienda pública.
La verdad era más triste. El Municipio afronta un alto endeudamiento, y buena parte del mismo se hizo durante la gestión de Fernández Maestre. Y a pesar de la recuperación del recaudo tributario durante la presente administración, es alto el riesgo de iliquidez por los embargos, y toda esta situación amenaza la ejecución del Plan de Desarrollo “Transformando a Valledupar”.
Al igual que en una empresa privada, el problema no presenta muchas opciones de salida. Por el contrario, se debe actuar con más responsabilidad aún en el sector público y son pocas las alternativas que se presentan; una de ellas es no hacer nada y seguir manejando las cosas como vienen, pagando intereses de créditos onerosos y afrontando el riesgo de embargos a las cuentas y bienes del Municipio.
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La otra es la que han planteado el Alcalde Socarrás Reales y su secretario de Hacienda, José Alejandro Fuentes Rodado, al Concejo Municipal y a la ciudadanía, en general, y que consiste en que el Municipio se acoja a la Ley 550 de 1999, para conseguir una restructuración de deudas, ganar liquidez y tiempo para poder reorganizar sus finanzas. Esto no significa que no se mantenga un esfuerzo sistemático y continuado para aumentar la tasa de tributación de la ciudad, que presenta un crecimiento interesante en viviendas y negocios y que se debe reflejar, a su vez, en un aumento en sus impuestos, principalmente en el Predial y en el de Industria y Comercio.
La ciudadanía debe tener bien claro quienes fueron los responsables de la situación antes descrita. Las finanzas de la ciudad no se deterioraron por arte de magia, ni más faltaba; por el contrario está clara la gran responsabilidad que tienen en la misma ex mandatarios como Ciro Pupo Castro, Rubén “Ava” Carvajal y Luis Fabián Fernández, cuyas administraciones no fueron responsables en el manejo de la hacienda pública y así debe quedar claro ante el pueblo de Valledupar. También los concejales correspondientes a estas administraciones tienen una alta cuota de responsabilidad. Todas estas personas deberían responder ante el Concejo Municipal, la Contraloría, la Procuraduría y otras instancias.
Hace pocos meses se discutió, en estas mismas páginas, sobre la inconveniencia de un famoso crédito con la banca comercial para algunas inversiones de Emdupar y otras obras. Ahí están los documentos que comprueban que se trató de un empréstito costoso y con cláusulas leoninas que terminaron por agravar la situación financiera de Valledupar.
Ha actuado con responsabilidad el Alcalde Socarrás con la propuesta de acogerse a la Ley 550, inclusive asumiendo un alto costo político y acotando por sus restricciones en materia de austeridad la ejecución del Plan de Desarrollo que le propuso a la ciudad. Ahí está el ejemplo de Barranquilla. Por supuesto que la decisión tiene sus costos y entre esos está la calificación financiera futura de la ciudad; pero, hay que ordenar la casa para evitar la parálisis de la administración y comenzar a realizar los gastos y obras prioritarias que requiere Valledupar para ser un municipio viable y sostenible.