Por: Imelda Daza Cotes
Las llamadas labores de inteligencia son un conjunto de actividades institucionales adelantadas por organismos del Estado que tienen como propósito fundamental preservar y garantizar la seguridad de los ciudadanos y en general de los habitantes de un país, sin afectar para nada el pleno disfrute de las libertades y derechos constitucionales de los mismos. Las actividades de inteligencia incluyen la recolección de información clave para elaborar análisis que el gobierno juzga relevantes para la seguridad interna y externa del país.
De otra parte, uno de los pilares de toda democracia es el respeto a la integridad de los ciudadanos así como el derecho de éstos a disentir del gobierno, a oponerse y a criticarlo. El ejercicio de ese derecho no puede ser obstaculizado por el gobierno ni por sus instituciones si ocurre dentro del marco de la ley. No se explica entonces cómo es que en Colombia, el DAS -Departamento Administrativo de Seguridad- se ha dedicado, casi desde siempre, pero con descarada intensidad durante los mandatos de Uribe, a hostigar, a perseguir, a acosar a quienes manifiesten posiciones o actitudes opuestas al gobierno. Esto no es nuevo ni extraño. Lo han denunciado de mil maneras y por múltiples medios las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos y/o del Estado de derecho. Hasta Europa llegan sus voces de protesta por los crímenes, las desapariciones, por las campañas de desprestigio, por el sabotaje, por las amenazas, por los señalamientos arbitrarios; en fin, por todas las violaciones de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, ni el gobierno ni la ciudadanía parecían alarmarse por lo que hacía el DAS; Uribe seguía gozando de respaldo mayoritario.
Ahora parece que las arbitrariedades y los abusos del DAS tocaron fondo y un valeroso editorial de Juan Gossaín se constituyó en la voz de alarma. Según el informe de la Fiscalía comentado con asombro por el periodista, los operativos del DAS no sólo no tienen que ver con la seguridad de los colombianos sino que revelan que esta institución se ha convertido en una seria amenaza para la seguridad y la integridad de quienes no gozan de la simpatía del autocrático régimen uribista. Contra éstos, según el comentado informe de la Fiscalía, hay operativos de todo tipo: espionaje, intercepciones telefónicas, presiones, campañas de desprestigio y de desinformación, guerra jurídica, siembra de documentos falsos, persecuciones, amenazas, chantajes, para todo lo cual han empleado diversos medios como contactos, edición de libros, revistas, grafitis, páginas Web y desde luego medios de comunicación y periodistas obsecuentes con el gobierno.
Nada es nuevo, pero sin duda, en los últimos años las acciones en contra de la oposición se han intensificado y se han cualificado. Quienes hemos sido víctimas de persecución política en Colombia conocemos muy bien de esos operativos del DAS. “Baile Rojo” se llamó la operación genocida contra la Unión Patriótica en la cual el DAS fue actor importante. A finales de 1987, me entregó José Antequera, en Bogotá, una lista de personas de Valledupar que iban a ser asesinadas; él había obtenido la información de un funcionario del DAS de Barranquilla. La lista la encabezaba el abogado José Francisco Ramírez que a la fecha ya había sido asesinado y le seguían once nombres más, seis de los cuales se negaron a dejar la ciudad y murieron acribillados por sicarios.
“Operación Europa” se llama otro de los operativos denunciados por Gossaín. Su objetivo es influir el Sistema Jurídico europeo, la Comisión de DDHH del Parlamento europeo y gobiernos nacionales. Contra colombianos refugiados en Europa y opuestos al gobierno se vienen realizando campañas de todo tipo. A través de páginas Web contratadas con sicarios del periodismo europeo se calumnia, se miente deliberadamente y se difama contra personas que son o han sido activas en la izquierda. Muchas veces los participantes en manifestaciones o en actos pro – defensa de los DDHH han sido fotografiados por personas ajenas a los organizadores de los actos. Los “soplones” se pasean por este continente buscando víctimas. Igualmente es notorio el lobby que realizan las embajadas colombianas con el fin de desinformar a la opinión acerca de la realidad que se vive en Colombia.
Hay que repetir con Juan Gossaín: “En una democracia, la gente tiene derecho a disentir” y preguntarse como él: ¿Quién ordenó esto? ¿Quién es el responsable del terrorismo de Estado? Amanecerá y no lo sabremos. La impunidad parece ser la norma por ahora.