El 72 % los líderes sociales del Cesar cuentan con sistema de protección por parte de Unidad Nacional de Protección, UNP. La información se reveló en la más reciente mesa de trabajo en la que se discutió la situación de los líderes sociales en este departamento, donde en lo que va corrido del año se han registrado dos asesinatos en diferentes municipios, de los cuales uno está siendo investigado y otro esclarecido.
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Lo que sucede con los líderes y las acciones en pro de resguardarlos, fueron el tema central de un encuentro en el que participaron el director general de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Alfonso Campo Martínez, y el coordinador de víctimas, del Ministerio del Interior, Jorge Rodrigo Tovar Vélez y el gobernador encargado del Cesar, Wilson Solano Gracia.
Los asesinatos en mención ocurrieron el pasado mes de enero en el corregimiento de Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguaná, donde con arma de fuego le dieron muerte a Henry Cuello, líder vecinal en esta localidad. Asimismo fue muerto Aramis Arena Bayona, presidente de la Junta de Acción Comunal, de la vereda Canadá, jurisdicción de Becerril, y excandidato al Concejo Municipal.
El gobernador encargado, Wilson Solano Gracia, sostuvo que se analizaron las acciones que se han realizado en materia de seguridad en todo el departamento, especialmente el tema de los líderes sociales.
“La Policía nos presentó un balance sobre las causas de dichos homicidios, uno ya fue esclarecido y el otro está en una etapa de investigación muy adelantada, del que pronto se tendrán resultados”, expresó el mandatario.
Por su parte el director nacional de la UNP, Alfonso Campo Martínez, explicó que los esquemas de protección se han brindado ante las amenazas de las que han sido víctimas los líderes, cuyos móviles están siendo investigados por la Fiscalía y demás organismos competentes.
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“Nos preocupa el asesinato de líderes en el país, especialmente en este departamento, por eso hemos venido a escuchar y recibir las denuncias pertinentes, en eso nos está ayudando la Fiscalía General de la Nación, que ha planteado de manera clara que con las investigaciones se dará claridad a estos dolorosos hechos. Agradezco todo el apoyo de la Gobernación, con herramientas y el acompañamiento para establecer una sede que no existe actualmente en este departamento”, manifestó Campo Martínez.
De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, en el año 2019, en todo el país fueron amenazados de muerte 983 líderes sociales, siendo el 50 % lideresas.