No hay duda que la pandemia provocada por la covid-19 limitó los recursos de las administraciones públicas, desde la Gobierno nacional hasta el municipio más pequeño de sexta categoría. Por eso, los mandatarios regionales buscan maniobras para cumplir los objetivos de los planes de desarrollo.
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En el caso local, la Alcaldía de Valledupar llevó ante el Concejo municipal un escueto proyecto que busca autorizar al alcalde de la ciudad, Mello Castro, la modificación del acuerdo de reestructuración de pasivos, reorientar rentas y hacer modificaciones presupuestales. Una maniobra que permitiría al alcalde maniobrar en un municipio de recursos limitados y en Ley 550.
Pero reconocieron casi todos los concejales que el proyecto no está a la altura de lo que se busca. Errores ortográficos, escasez de cifras, poco sustento legal y la falta de claridad fueron algunos de las críticas y argumentos de los concejales para aplazar la votación del Proyecto de Acuerdo número 008 del 2020 que daría la autorización al alcalde para reorientar millonarios recursos.
Incluso, el ponente del proyecto, el concejal Manuel Gutiérrez, fue el primero en poner sobre la mesa los cuestionamientos. Gutiérrez empezó señalando que el documento radicado no cuenta con un sustento legal o al menos no se dio a conocer. Segundo, señaló que faltaba claridad sobre los tiempos y las nuevas condiciones del acuerdo con los acreedores de la Ley 550.
Sobre estas dudas, durante la sesión de este jueves, el secretario de Hacienda, Carlos Alfonso Araujo, ofreció explicaciones, no obstante, su votación se aplazó.
¿QUÉ BUSCA EL MUNICIPIO?
Como representante de la entidad municipal, el secretario de Hacienda ha sido el encargado de liderar este proyecto. Según Araujo, el documento de cuatro artículos tiene varios objetivos.
El primero es ampliar el plazo del acuerdo de pago con los acreedores del municipio. Cabe recordar que Valledupar en el 2014 ingresó a la Ley de reestructuración de pasivos porque las deudas eran insostenibles y la mayoría de cuentas estaban embargadas. De casualidad, el hoy secretario de Hacienda fue el asesor de esa estrategia que permitió al municipio recuperar el control de los recursos.
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En ese momento, se fijó hasta 2028 el plazo para que el municipio pagara a cuatro grupos de acreedores (más la contingencia) la suma de $211.711 millones. Pero apareció la covid-19, se declaró la cuarentena, la actividad económica se suspendió y bajó radicalmente el recaudo de las rentas con las que se pagaban trimestralmente las cuotas.
Por eso, la propuesta inicial señala que se extendería hasta 2031 el plazo para terminar de pagar las deudas de Valledupar. Pero alargar el plazo, por ejemplo, disminuyendo el valor de las cuotas, significaría también modificar las tasas de impuestos. Sobre ese tema aún hay dudas, señalaron los concejales.
“No tenemos claridad los intereses que se comprometerán. Yo creo que se debe realizar un artículo o parágrafo que diga que cuando se fije la conciliación, esta debe pasar por los concejales”, pidió Jorge Pérez, concejal por el Equipo Azul.
Por su lado, el secretario Araujo explicó que es casi imposible para el municipio seguir cumpliendo con los compromisos porque cambiaron las proyecciones. Inicialmente, el recaudo proyectado para ICLD era de $114.000 millones para esta vigencia, sin embargo, se debió hacer una primera reducción de $15.000 millones.
A lo anterior se suma que según las cuantificaciones realizadas el impacto final por la covid-19 sería de $27.000 millones de pesos menos en el recaudo de la actual vigencia. Una tragedia financiera y fiscal.
LIBEREN LA ESTAMPILLA
Además de los ingresos corrientes de libre destinación, ICLD, recursos del Sistemas General de Participación, para cancelar los compromisos de la Ley 550, el municipio comprometió el 20 % de los recursos recolectados por la estampilla procultura y la estampilla adultos mayores.
Por eso, el otro objetivo del proyecto presentado es liberar ese 20 %. ¿Qué quiere decir? Que el municipio pueda utilizar la totalidad los dineros de ambas estampillas para invertirlas en sus programas y dejar de destinar ese 20 % para el pago de las acreencias.
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Pero por estos lados el panorama tampoco es alentador. Por la estampilla proadulto mayor lo presupuestado señalaba un recaudo de $7.278 millones para esta vigencia, sin embargo, solo se han recibido $1.938 millones; situación similar con la estampilla procultura: con una proyección de $3.636 millones, el recaudo solo alcanza los $966 millones, relató el secretario de Hacienda. “Esto porque en la medida que existen dificultades económicas habrá menor contratación y por supuesto el recaudo disminuye”.
En ese punto, el cuestionamiento de los concejales se centró en que no hay detalles sobre la cantidad de recursos que se liberarían. “Pedimos que el secretario de Hacienda tenga los datos concretos. Sabemos que no hay un dato exacto pero sí debe existir un pronóstico sobre cuántos recursos se liberarán con este proyecto”, señaló la concejal Marian Muvdi.
“HAY QUE CUBRIR EL DÉFICIT”
A comienzos de año despertó polémica el anuncio de un déficit en las finanzas del municipio. El caso es que este jueves el secretario de Hacienda insistió que es necesario cubrir esos pasivos del municipio, los cuales serían realmente de $3.800 millones.
Según la explicación dada, si bien es cierto que en Ley 550 no se puede judicializar al municipio por esa deuda, sí se tiene que entrar a resolver el pago de estas obligaciones.
“En condiciones normales la deuda se atendería con recursos de ICLD de esta vigencia, pero como han disminuido lógicamente no hay cómo maniobrar para destinar recursos del presupuesto al rubro de déficit fiscal”, relató Araujo.
Por último, el cuarto objetivo sería renegociar las condiciones financieras con las tres entidades incorporadas en el acuerdo de reestructuración de pasivos: el banco BBVA, que tiene el crédito de los bonos de agua; Bancolombia, que tiene un crédito de más de 10.000 millones, y con el Banco de Occidente, al cual el municipio adeuda aproximadamente $5.200 millones. Con ellos la idea también es extender el plazo y disminuir las cuotas de amortización y en lo posible disminuir la tasa.
El alcalde Mello Castro tiene la mayoría en el Concejo y tal parece que el acuerdo será aprobado. Incluso, el concejal Guido Castilla, quien no integra esa mayoría, señaló que podría apoyar el proyecto pero sí se muestra mayor claridad.
“Yo soy de los que cree que si el mandatario necesita invertir debe maniobrar dentro de lo que la ley le permita, pero necesitamos que nos hablen con claridad, que nos digan dónde invertirán, que nos digan a ciencia cierta qué harán con esos recursos”, aseveró el concejal.
Por último, es importante aclarar que el Concejo municipal no tiene la última palabra. En realidad, la corporación daría la autorización para que el alcalde emita voto favorable a la modificación de las condiciones iniciales de la reestructuración de la deuda, pero es la Asamblea de acreedores que en últimas tiene la facultad de decidir si el acuerdo se modifica o no.
De conseguir el voto positivo, seguramente el Plan de Desarrollo Municipal tomaría un segundo respiro.
Por Deivis Caro Daza/EL PILÓN
defancaro1392@gmail.com