La cultura ciudadana comienza con el respeto a las leyes. Si un gobernante o un jefe de una sección determinada respeta las leyes y ejerce con responsabilidad sus funciones, si lidera con transparencia los procesos que le corresponden, es honesto en la administración y la ejecución del presupuesto, no hay duda, ese ciudadano es un paradigma a seguir, ejemplo que contagia y promueve la cultura de la honestidad y el civismo.
La cultura ciudadana debe ser una política pública que fomente la pedagogía asertiva: por el respeto a la vida y a las normas de convivencia, por la defensa de la conservación del medio ambiente y los bienes de patrimonio público o privado, y por el derecho que tiene toda persona de potenciar el desarrollo de las aptitudes académicas, artísticas y deportivas.
Pero antes, es fundamental reconocer la familia como génesis de la cultura ciudadana. La escuela como el escenario de teorizar y cualificar la praxis de esta cultura. Los gobernantes y jefes como los líderes que con su ejemplo promueven la civilidad de las comunidades. Sin embargo, es pertinente socializar la propuesta del abogado Víctor Martínez Gutiérrez: “La cédula es la certificación de la ciudadanía de una persona, y por lo tanto debe ser entregada con un protocolo, en un horario determinado y en un sala especial se citan en grupos para explicarles los derechos y deberes de los ciudadanos”.
El respeto a las leyes es un imperativo universal en toda sociedad civilizada. Cuando alguien trasgrede las leyes, las autoridades competentes están en la obligación de aplicar los correctivos, en el marco de los procedimientos legales establecidos. Infortunadamente, todavía en Colombia muchas personas tienen la costumbre de irrespetar las leyes; y como complemento de esa tendencia, también existen personajes revestidos de autoridad que no cumplen con sus funciones, de hacer respetar las leyes.
La ausencia de compromiso social de los ciudadanos y la irresponsabilidad de las autoridades que no cumplen con sus funciones, generan la incultura ciudadana que deteriora el progreso cívico de la comunidad. Es frecuente observar en Valledupar, cuando alguien construye una casa o hace reparaciones en las redes de acueductos o alcantarillados, romper el pavimento y de manera irresponsable dejar los escombros en mitad de la calle, y después de varios días reparar la ruptura, pero no con la misma calidad de concreto. Entre tanto, la autoridad que le compete la vigilancia y control, no hace nada.
Corpocesar, en su misión de guardián ambiental, no está cumpliendo a cabalidad con sus funciones. Desvían los ríos, canalizan sus aguas, talan los árboles de la riberas, Emdupar vierte aguas residuales al río Cesar… En fin, todo se “resuelve” con el espejismo de la retórica y los anuncios. La Contraloría Departamental se percibe como si no existiera, y de la Contraloría Municipal, dice el periodista Armando Gnecco: “parece que tuviera misión de arqueología, porque en los informes de sus investigaciones siempre termina encontrando ‘hallazgos’, y de ahí no pasa.