Aunque la prepotencia es un inconveniente peligroso para la convivencia social, en pocas ocasiones los humanos procuran erradicarla de sus acciones cotidianas.
Muchos percances generan las posturas altaneras de quienes detentan el poder, como ejemplo tenemos la reciente derrota de la selección de fútbol de Colombia ante su homóloga de Costa Rica, debido a que al director técnico, José Pékermam, hasta entonces catalogado como mesurado, se le salió el inevitable comportamiento de los argentinos.
Inexcusablemente, en la disputa de la Copa América Centenario, un campeonato tan corto y de tanta importancia para la posteridad, en el que un traspié menoscaba el rendimiento de los integrantes del equipo, porque el impacto sicológico de un revés descompone la disposición física, cuya recomposición en cada futbolista es individual y mucho más en un país como Colombia, donde la mayoría de sus deportistas carecen de formación familiar y educación formal.
En consecuencia, reitero, cualquier excusa es inverosímil, teniendo en cuenta que el antes admirable entrenador argentino, para enfrentar a Costa Rica cambió a diez miembros del equipo titular de nuestro país y solo incluyó a quien había tenido el más bajo desempeño. Para los futbolistas ticos, sin duda alguna, fue una afrenta que les provocó venganza.
En realidad, no hay derecho a menospreciar a ningún rival, además en estas competencias prestigiosas los aficionados pagan por ver actuar a los mejores futbolistas, quienes deben ser remplazados por ciertas circunstancias, tales como lesiones, agotamientos, evitar acumulación de tarjetas amarillas que inhabilitan jugar el siguiente partido y otros impedimentos. Lo contrario es deteriorar el espectáculo deportivo.
En Colombia la dirigencia política ostenta el pináculo de la prepotencia, no le importa pisotear las leyes y mucho menos burlar al constituyente primario. En medio de tanto desbarajuste, reconforta que la Procuraduría en primera instancia haya sancionado disciplinariamente a los 15 concejales que eligieron como contralor municipal a Álvaro Luis Castilla Fragoso, quien es gran amigo del alcalde Augusto Ramírez Uhía y además ayudó a financiar su campaña política con una considerable suma de dinero.
La Procuraduría destituyó a los 15 concejales y al consabido contralor de sus cargos, a la vez los inhabilito por 13 años para ejercer funciones públicas. Es una sanción con base en la ley, conocida como Código Disciplinario Único.
Si bien ya los abogados de los sancionados apelaron la primera sentencia, no creo que sean absueltos en la segunda instancia, porque la primera la emitió el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa de Bogotá, que calificó el acto de elección del Contralor de Valledupar, como falta gravísima en título de dolo.
Ya se conocen los 15 reemplazantes de los concejales destituidos e inhabilitados, no se sabe a quién van a elegir como nuevo contralor de su municipio, en todo caso les toca actuar con cordura, si no, hay otros para ocupar sus puestos. En buena hora este precedente de cumplimiento de la ley.