Anunciaron la compra de tres millones de hectáreas de tierras, pero no especificaron la fuente de los recursos, no planearon el presupuesto ni derogaron las excesivas normas de adquisición y adjudicación de predios rurales.
Si hubiesen canalizado las convocatorias y ofertas de tierras a través de los municipios y las compras con recursos de regalías, hoy, estarían adjudicando los primeros predios.
Anunciaron 150.000 millones de pesos en subsidios para bajar las tasas de interés de los créditos al sector agropecuario, pero cometieron el error de direccionarlos a poblaciones según su condición económica, política y social. Lo lógico era enfocarlos a reducir los costos financieros de cultivos estratégicos, incrementar la productividad y la integración de los productores a los núcleos agroindustriales, para lograr economías de escala y mayor bancarización rural. Los algoritmos y fórmulas de los scoring de las entidades de crédito, no tienen en cuenta si el sujeto del crédito es afro, raizal, palenqueras, reinsertados, mujer, hombre o de comunidad LGBT.
Anunciaron un presupuesto de $95.000 millones para subsidiar el costo de las pólizas de seguro contra riesgos climáticos, y también cometieron el error de asignarlos por tipos de productores. En los países desarrollados el porcentaje de subvención a las pólizas de los seguros agrarios, se priorizan por cultivos, regiones, riesgos y esquemas colectivos. Cuando llega una sequía, inundación, helada o plaga a una finca, no pregunta si ese cultivo es de un pequeño, mediano o grande productor. Las pólizas de seguros son para cubrir riesgos de cultivos, no de los productores. Con esa política de subsidios por tipo de productor, están asegurando siniestros y no riesgos.
Anunciaron una inversión de $110 mil millones, a través de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), para contratar 4.000 extensionistas para que vayan de vereda en vereda a prestar el servicio público de “Extensión Agropecuaria” a 125.000 productores del campo (el 4% de los agricultores del país), cuando lo lógico y eficaz era adecuar con computadores, internet y granjas demostrativas, a 600 escuelas rurales municipales del país, para capacitar y formar a más productores del campo con menor recursos económicos.
La misma agencia anunció una inversión de $77.000 millones para alcaldías y gobernaciones que radiquen proyectos productivos que beneficien a sus comunidades rurales. Mandarle plata a un alcalde en época preelectoral, es como mandar una yuca con un puerco. La experiencia nos muestra que, de cada 100 proyectos productivos que son liderados por alcaldes, 99 fracasan. Los entes territoriales están para facilitar el desarrollo agrícola no para ejecutar proyectos. Los productores del campo están solicitando de ellos, tecnologías que les permita decidir qué, cómo y cuánto sembrar, paquetes tecnológicos, escuelas de emprendimiento rural, infraestructura de riego y centros logísticos de comercialización de sus cosechas.
Lamento mucho que esto le esté pasando nuevamente al sector agropecuario. Guardaba la esperanza que en este gobierno, además de acabar con la corrupción interna que dirige una banda de altos funcionarios burócratas, mejorarían los sistemas de subsidios y ayudas al sector. Si no corrigen y actúan a tiempo, el impacto en la producción y productividad de los alimentos, inflación y PIB agropecuario, va a ser negativo.
En el tintero, ministra Cecilia, en el ICA están pagando en arriendo más de 750 millones de pesos mensuales, teniendo la SAE, miles de inmuebles incautados en Bogotá. Eso viene oliendo mal hace rato.
Por: Indalecio Dangond