Las enormes manifestaciones de esta semana prueban que: una, la calle no es exclusiva de la izquierda. Estas marchas y las de hace algunas semanas, prueban que la gente, con la motivación suficiente, está dispuesta a tomarse las ciudades.
Dos, el ciudadano del común empieza a hartarse de las decisiones “progresistas” de unos magistrados iluminados que, en abierta contravía de los valores imperantes en la ciudadanía, pretenden imponerles a todos sus convicciones personales. La ciudadanía acepta con resignación decisiones judiciales que son contrarias a sus convicciones, pero tiene límites infranqueables. Entre los más importantes está la protección y educación de sus hijos. El derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus valores y convicciones éticas y religiosas es uno fundamental e inquebrantable. Cuando se vulnera, como lo hizo el MinEducación, la gente se subleva.
Tres, aunque aún hay homofóbicos, en general la gente del común es muy capaz de respetar las diferencias sexuales. Pero no acepta que la educación de sus hijos en estas materias la definan los colectivos LGTBI. Hay que combatir la discriminación en la escuela y hay que enseñar respeto hacia la diferencia. Pero esa lucha contra la discriminación no puede hacerse desde la “ideología de género” que, dice el documento del Ministerio, sostiene la peligrosa tontería de que “no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a serlo”. La “ideología de género” está en los pactos de La Habana y entraría a la Constitución por vía del “bloque de constitucionalidad”.
Cuatro, es repudiable el matoneo en las redes sociales contra la Ministra por sus gustos sexuales. No es menos cierto que ella manejó con las patas todo el episodio. Se extralimitó en sus funciones, vulneró derechos fundamentales de los padres, negó la existencia de un manual con sello de su Ministerio, acusó de politiqueros y de “fanáticos religiosos” a los críticos, intentó ocultar el convenio con la oenege que promueve los derechos de los LGTBI.
Los tratados de derechos humanos establecen que “los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Hay que rechazar con vehemencia toda afectación de ese derecho por parte del Estado.
En las2orillas.co se denuncia que el episodio del hacker en la campaña electoral del 2014 fue resultado de una infiltración y un sabotaje montado desde una agencia de seguridad del Estado. La democracia exige una respuesta pública, clara y precisa de los señalados y que la Corte Suprema haga público el testimonio en que se basa la información. La denuncia se encuentra en este enlace: http://www.las2orillas.co/infiltracion-en-la-campana-presidencial-de-oscar-ivan-zuluaga-revelaciones-de-un-testigo/
Por Rafael Nieto Loaiza