El Control a la Gestión Fiscal es una de las funciones más importantes del estado moderno, y en virtud de la misma todos los funcionarios públicos están en la obligación constitucional y legal de contribuir a la eficacia de ese proceso.
No obstante lo anterior, muchas veces los funcionarios públicos, bien sea por desconocimiento, por negligencia o por mala fe no cumplen con ese sagrado deber de enviar la información completa, de manera oportuna y adecuada, que requieren los organismos de control para cumplir con sus funciones constitucionales y legales, y contribuir de esa manera a un mejor funcionamiento del Estado y a un buen uso de los recursos públicos, que son recursos de todos.
La Contraloría General del Departamento del Cesar, desde hace varias semanas, ha venido insistiendo en una serie de requerimientos a unos ciento treinta entes públicos, entre alcaldías, concejos municipales, empresas de servicios públicos, a algunas dependencias de la misma Gobernación del Cesar, personerías municipales, hospitales, entidades descentralizadas del departamento y de algunos municipios, con el fin de obtener los informes sobre la contratación suscrita hasta el mes de octubre del presente año.
El plazo para rendir estos informes, en particular sobre la contratación en septiembre y octubre, venció el pasado 25 de noviembre y – sin embargo-, estos entes públicos, a la fecha, como lo denunció este diario en su edición del domingo 19 de los corrientes, más de ciento treinta, no han cumplido con estos requerimientos, necesarios para ejercer de manera cabal el control a la gestión fiscal de estas entidades.
Es lamentable, por decir lo menos, que los funcionarios públicos que están al frente de estos entes no hayan cumplido con este sagrado deber, obstaculizando así – de esa manera- el control a la gestión fiscal territorial.
Sobre estas entidades y – lógicamente- sobre los funcionarios encargados de procesar y enviar esta información, en caso de que no lo hagan en el plazo establecido, fijado por el Contralor Departamental, Walberto Sánchez Blaco, para el próximo 30 de diciembre, debe caer todo el peso de la ley con las respectivas sanciones y multas, que establece la normatividad vigente sobre la materia.
Los recursos públicos son sagrados, de ellos depende que el Estado pueda cumplir con sus tareas mínimas y entre estas la de atender, con el gasto público establecido, las ayudas para las personas de menores ingresos.
El incumplimiento de este elemental deber, por parte de los funcionarios encargados del mismo, no contribuye a hacer más eficiente la acción del Estado y – adicionalmente-, y – eso es lo más grave- facilita fenómenos como la corrupción o sirve para encubrirla. Apoyamos esta gestión de la Contraloría Departamental y estamos prestos a colaborar en el logro de la misma, denunciando este tipo de irregularidades de manera sistemática.
La tarea que realizan organismos como la Contraloría Departamental, al igual que las contralorías municipales , requieren del apoyo, también de la sociedad civil y de la comunidad en general; en la medida en que el control ciudadano se considera hoy en día, en la administración pública moderna, elemento esencial del control a la gestión fiscal y elemento necesario en la construcción y formación de una ciudadanía más crítica, deliberante y exigente frente a los asuntos públicos.