La Contraloría Municipal de Valledupar, en cabeza de Angélica María Olarte, determinó que no encontró irregularidades en el convenio interadministrativo (1001-SGR-993-2022) entre la Alcaldía de Valledupar y la Universidad del Magdalena por $3.000 millones.
El objetivo de este contrato era la elaboración de estudios específicos y revisión, ajustes y modificación excepcional de normas urbanísticas de los componentes del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) cuya forma de contratación, ejecución y resultados fueron cuestionados por la veeduría, así como por arquitectos, ambientalistas, exfuncionarios, líderes comunitarios y ciudadanía en general.
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“Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que, la información acerca del proceso de contratación y ejecución del contrato resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con los criterios aplicados. Para el equipo auditor, los hechos denunciados no presentan incidencias de tipo fiscal”, concluyó el órgano de control.
LOS DENUNCIANTES
La denuncia formal fue realizada por un ciudadano de manera anónima y por Ricardo Vives Fernández, exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Valledupar, quienes señalaron un presunto detrimento patrimonial.
Es preciso recordar que este contrato inició en agosto de 2022 con una vigencia inicial de 5 meses, pero tras múltiples dificultades para realizar los estudios contratados, la Universidad del Magdalena solicitó 4 prórrogas, extendiendo así el tiempo de la ejecución a 17 meses, con plazo final hasta el 31 de diciembre de 2023, cuando finalizó el gobierno del entonces alcalde Mello Castro.
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Al respecto, la agencia de control fiscal manifestó que “por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén los artículos 14 y 16 de la Ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral”.
LA MODIFICACIÓN FUE APROBADA
El proyecto de acuerdo sobre las modificación excepcional fue presentado ante el anterior Concejo Municipal, el cual aprobó los diferentes documentos y productos.
Entre ellos están: el seguimiento de evaluación al POT; estrategia de comunicación y participación ciudadana; diagnóstico territorial; cartografía del POT; estudios y plan de gestión de riesgo y desastres; perfil y agenda de cambio climático; dinámica poblacional; estudios sobre el déficit habitacional y dinámica demográfica; análisis de la demanda de vivienda y estudios específicos cargas urbanísticas.
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Aunque existieron falencias y atrasos en la ejecución del convenio; la Contraloría argumentó que las prórrogas realizadas “se encuentran soportadas y justificadas y las labores de supervisión se llevaron acorde como lo establece la norma”.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN. andreaguerraperiodista@gmail.com