En el municipio de La Paz, una protesta del pueblo indígena Yukpa suscitó una toma pacífica. Los nativos se tomaron durante 12 horas las instalaciones de la alcaldía exigiendo el cumplimiento de la ejecución de proyectos, relacionados con el Sistema General de Regalías con cifras que superan los 100 millones de pesos, al igual que mejoras en salud, educación y vías en los diferentes resguardos.
En La Paz no solo se comercializa combustible de contrabando, también hay el abarrotes traídos desde Venezuela.
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Esta problemática, sumada a los incendios ocurridos a consecuencia del negocio de la gasolina de contrabando, hace menos de 15 días en este municipio, son situaciones que afronta la localidad denominada por el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, como una “Sodoma”, en cuanto a la distribución ilegal del combustible.
En visita a La Paz, EL PILÓN indagó acerca de tres aspectos: el porqué los yukpas se tomaron la alcaldía; el expendio ilegal de gasolina y acpm en casi todo el municipio; y un nuevo foco: las invasiones.
En una casucha ubicada en la salida de La Paz, hacia el departamento de La Guajira, considerada por esta etnia como la casa indígena, el cabildo gobernador Yukpa de Caño Padilla, Alirio Ovalle Reyes, atendió la solicitud de este medio. Frente a él más de 100 indígenas, entre ellos niños, mujeres, hombres, ancianos y otros gobernantes, murmuraban sigilosamente en su lengua.
“La comunidad y las autoridades decidieron tomarse la alcaldía (de La Paz) primero por los recursos de transferencia (Sistema General de Regalías), han puesto muchas trabas y nos han amarrado la ejecución que le pertenece al resguardo; desde 2013 no se ha ejecutado y 2014 está en perfil”, indicó Ovalle Reyes, quien aclaró que eso los perjudica en muchos temas como es la producción de alimentos y no tener un lugar donde reunirse.
El pueblo Yukpa está asentado en tres municipios como son: Becerril, Codazzi y La Paz, todos cercanos a la Serranía de Perijá, en la que deben buscar un arraigo para hacer sus reuniones, puesto no cuentan con un sitio adecuado y no llegan a la casa indígena de Valledupar, por discordias con otras etnias como la kankuama.
El Cabildo Gobernador de Caño Padilla aseguró que la ley indica que los pueblos indígenas deben tener un lugar cómodo, pero “en este momento nosotros nos encontramos sin casa indígena” y aseguró que la alcaldía de La Paz y la Gobernación del Cesar “se tiran la pelota” frente al arreglo de la infraestructura.
“Nosotros tenemos más de diez años de estar exigiendo la casa indígena. Las instalaciones que hay en La Paz están dañadas y aquí permanecen tres familias que han sido afectadas en su salud”, recalcó Ovalle Reyes.
En la comunidad Yukpa existen de alrededor de 9 mil personas. Muchas de ellas participaron en la Minga Indígena el 4 de octubre del año anterior en las instalaciones de la Gobernación del Cesar, la lucha hoy es por factores parecidos; reclaman tierras, salud, educación y servicios públicos. “No queremos otra minga en la gobernación, por eso le hacemos un llamado al señor gobernador (Luis Alberto Monsalvo) pero se hace la oreja sorda: queremos saber cuándo va a entregar los predios que prometió para dos de nuestros resguardos”, agregó Alirio Ovalle Reyes.
Jairo López, cabildo gobernador Yukpa de la zona El Coloso, narró que lo más duro durante las protestas es la alimentación del personal. “Ayer (jueves) pasamos sin desayuno, almuerzo y sin cena, comimos a las 11:00 de la noche y ahora con recolección de 500 y 200 pesos desayunamos, el alcalde de La Paz nos aportó para hacer el almuerzo. Así nos hemos mantenido en los últimos días”.
El jefe de la oficina de Planeación, Carlos Alberto Arredondo, sostuvo que luego de la una mesa de negociación se llegó a un feliz acuerdo con los indígenas yukpas.
“Le explicamos que la demora en los recursos de transferencia no es por parte de nosotros, les mostramos que están en página para contratar y una vez terminemos esa vigencia iniciaremos la 2014. Otro tema era la casa indígena, en ese lugar no podemos invertir porque el lote pertenece a la gobernación, pero nos comprometimos a ayudar esta comunidad indígena con un contrato para adecuar las piezas que existen ahí donde viven dos o tres familias”, declaró el funcionario.
Los acuerdos y compromisos
La toma de los yukpas a la alcaldía de La Paz duró cerca de 12 horas. Solo hasta las 9:30 de la noche del jueves, se firmó un acta posterior a una mesa de negociación y concertación en base a las peticiones realizadas por esta comunidad indígena.
Fueron seis puntos los establecidos entre ambas partes, estos son algunos de ellos: se asumió el compromiso que en el término de un mes estará finalizando la etapa contractual y posterior entrega de los elementos solicitados con recursos del SGP (transferencia indígena) correspondiente a la vigencia 2013; el secretario de Planeación de La Paz se comprometió a acompañarlos a la audiencia con el gobernador para gestionar la aprobación del proyecto presentado para la adecuación del inmueble de la casa indígena; el municipio se comprometió a modificar la ruta escolar de La Quiebra a La Laguna, por la ruta Tierras Nuevas – La Laguna.
Contrabando sin control
El libre comercio de gasolina y acpm de contrabando en La Paz se hace frente a las autoridades judiciales y administrativas, sin ningún control.
El fenómeno cada día crece más y el alcalde Wilson Rincón pidió la urgente intervención del Gobierno Nacional.
El mandatario asegura que está trabajando con más de mil personas para sacarlos de las pimpinas y llevarlos a otro tipo de proyectos.
Esta situación no hace ‘eco’ sobre el temor y la zozobra que viven muchos de los habitantes de la población pacífica, sobre todo después de lo vivido el 29 de junio cuando un incendio dejó daños materiales incalculables, toda vez que el fuego se produjo en una de las tantas bodegas que hay en La Paz.
Más de un millón trescientos mil galones de gasolina de contrabando en promedio, se comercializan semanalmente en este, según reveló un estudio del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas de la Universidad Popular del Cesar, existen alrededor de 111 distribuidores de combustible y no hay más de diez agentes de policía para asumir el control del contrabando de hidrocarburos.
“Hay que entender que la causa de este problema es precisamente el precio, en el país existen unos muy altos frente a unos más bajo que nos están ofertando en la frontera con Venezuela. Más del 65% casi el 70% del mercado del combustible del municipio de La Paz es de Valledupar. Conseguimos con el Ministro de Defensa liderar un consejo de seguridad en nuestro municipio”, aseguró el alcalde.
Las invasiones
El fenómeno socioeconómico del contrabando es uno de los factores incidentes en el crecimiento poblacional de una población como La Paz, nacida en medio de la cultura vallenata y un pan de maíz llamado almojábana.
Este municipio cuenta con 16 barrios constituidos, seis corregimientos, 126 veredas y tres asentamientos o invasiones; La Esperanza, La Pista y Los Manjares.
El director de la oficina de Planeación, Carlos Alberto Arredondo, sostuvo una reunión con líderes de la invasión La Esperanza, cerca al balneario y centro recreacional El Chorro, que recibió una inversión de 2.837 millones de pesos para su adecuación.
Arredondo aseguró que las personas asentadas allí no serán desalojadas, ni sacadas, puesto llevan más de ocho años en el lugar y la ley los ampara, pero si están buscando soluciones para legalizar el predio o entregar una mejora en vivienda.
Para el Personero Municipal, Javier Araújo Ramírez, La Paz ha sido atractiva para personas de otras regiones gracias a los ingresos que se pueden producir con el contrabando.
“Hemos sostenido algunas mesas de trabajo con personas asentadas en estos lugares. La más reciente es La Pista, ya se pidió un censo a la Unidad Nacional de Víctimas para hacer un cruce de información y establecer si quienes están ubicados en el municipio de La Paz en este estadio geográfico tienen la calidad de víctimas, en este sentido, he sido claro con la alcaldía que en caso de ser víctimas deben elevarle una oferta institucional”, dijo Araujo Ramírez.
La Personería revela que en La Paz hay cerca de 8.200 personas inscritas como víctimas reconocidas a causa del conflicto armado, de alrededor 25.000 habitantes de la localidad.
Por: Carlos Mario Jiménez / EL PILÓN
carlos.jimenez@elpilon.com.co