Una disputa económica familiar que pasó al ámbito penal ocasionó que en primera instancia condenarán a José Luis Ovalle Angarita, hermano del exgobernador del Cesar, Francisco Ovalle, por el delito de fraude procesal en Valledupar.
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La sentencia lo obliga a pagar 72 meses de prisión, pero le fue otorgado el beneficio de la detención domiciliaria. Aunque la decisión fue proferida el 10 de diciembre de 2020, solamente hasta este jueves fue notificada por el despacho judicial.
Todo comenzó con la denuncia que interpuso William Fabián Ovalle Amaya, quien señaló a José Luis Ovalle Angarita de haber utilizado un intermediario para hacer firmar a su padre, Ovidio Raúl Ovalle Muñoz, en su lecho de muerte, un papel en blanco con el ánimo de cobrar una deuda cuyo valor presuntamente era falso.
El 28 de febrero de 2007 Ovalle Angarita presentó a través de su abogado una demanda ejecutiva de $350.000.000 por concepto de deuda por parte de su tío Ovalle Muñoz y garantizada mediante un título valor de pagaré de fecha 15 de marzo de 1997 con vencimiento de 15 de diciembre de 2006.
Es así que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Valledupar el 5 de junio de 2012 ordenó el pago de la suma de dinero que fue demandada. La decisión fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la ciudad el 23 de Julio de 2014.
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Según la investigación penal, en un interrogatorio descrito en el fallo judicial, Ovalle Angarita expresó que para los años 1995, 1996 e inicios de 1997 prestó $400.000.000, en varios pagos fraccionados, de los cuales Ovalle Muñoz solo le regresó $50.000.000.
Pero para William Ovalle Amaya la firma no estaba entredicho, sino la manera en que se gestó el documento y por eso transcendió a llevar el caso a lo penal.
UNA HERENCIA
Para el denunciante, el manuscrito en su contenido fue instrumentalizado para que desistiera de los derechos que tenía sobre una finca y semovientes que había dejado entre las propiedades como herencia su padre tras fallecer.
Aseguró, ante las autoridades, que uno de sus hermanos a viva voz le dijo que se quedara con la casa y que no aspirara a la finca debido a que era para el resto de sus 14 hermanos, con quienes tenía que arreglar la deuda a pagar a José Luis Ovalle Angarita.
Cabe destacar que, según la sentencia, era notorio que los hermanos Ovalle tenían discordia con William Ovalle, quien es hijo adoptivo.
LA INVESTIGACIÓN
Bajo la Ley 600, la Fiscalía 18 seccional el 10 de julio de 2008 ordenó apertura de instrucción en contra de José Luis Ovalle Angarita por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado, siendo vinculado mediante diligencia de indagatoria llevada a cabo el día 19 de agosto de 2008.
El 29 de mayo de 2015 se dio resolución de acusación solamente por el delito de fraude procesal dado que el otro precluyó. Así las cosas el juicio se dio entre los años 2018 -2020.
Durante el proceso declararon varios hijos del fallecido, entre esos, los hermanos Ovidio Ovalle Poveda y José Luis Ovalle Poveda, quienes coincidieron en que la deuda existía, que era imposible que hubiesen engañado a su padre, puesto que se encontraba inmovilizado para firmar porque estaba con sondas en las manos y entubado.
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Sin embargo, el despacho judicial consideró los testimonios contradictorios frente a la de los médicos que lo atendieron.
“Llama poderosamente la atención del despacho la intensión de los testimonios de los hermanos Ovalle en afirmar un deplorable estado de salud del señor Ovidio Raúl Ovalle Muñoz, señalando que su padre se encontraba entubado, con sondas en las dos manos y resaltar que no podía firmar, lo cual solo basta confrontar tales aseveraciones con los testimonios de los médicos (…), para dejar en evidencia que faltan a la verdad en sus declaraciones”, reza el fallo del juzgado.
Precisó, además, que habían otras discrepancias en las declaraciones referentes a cómo se realizó el documento.
“La regla de la experiencia también indica que no es usual que una suma de dinero exorbitada como dice José Luis Ovalle haber dado en préstamo al señor Ovidio Ovalle Muñoz, por un monto de $350.000.000, se conceda el plazo extenso de nueve años para ser cancelada; mucho menos cuando dentro de su declaración, el señor José Luis Ovalle, manifestó que su profesión era precisamente la del zootecnismo y la actividad económica de compra- venta de ganado, y no la de préstamo de dinero con intereses”, puntualizó la sentencia.