Desde el fallo de primera instancia de diciembre del 2018 en el que la Procuraduría General destituyó e inhabilitó a 16 concejales de Valledupar por 12 años, hasta su ejecutoriedad en octubre del 2019 pasaron alrededor de diez meses. Pero fue hasta el pasado viernes 15 de noviembre cuando se posesionaron los 16 nuevos concejales de Valledupar para terminar el cuatrienio 2016-2019 y concluir el estudio de los proyectos que no han surtido todos los trámites.
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APROBAR PRESUPUESTO
Los 16 posesionados serán concejales por casi mes y medio con la responsabilidad de estudiar y decidir sobre varios proyectos claves para el municipio, empezando por el presupuesto general para el 2020. Como explicó el nuevo presidente de la junta directiva, Luis Cabello Donado, tienen menos de 15 días para aprobar el documento presentado.
“El presupuesto del 2020 es algo prioritario, tenemos hasta el 30 de noviembre para darle los debidos debates. Tenemos poco tiempo pero lo vamos a sacar porque sería una mala señal para la nueva administración sacar un presupuesto por decreto. Vamos a hacer todo lo humanamente posible pero hay que tener en cuenta que este proyecto llegó desde el 10 de octubre y nosotros ingresamos el 10 de noviembre. Un mes y cinco días después tenemos conocimiento”, señaló Cabello Donado.
Para el estudio del presupuesto se designaron como ponentes a dos nuevos en el Concejo: Jhon Díaz Carpio y Jorge Luis Arzuaga. Ambos tienen el desafío de sacarlo antes del 30 de noviembre, de no ser así, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, deberá aprobarlo por decreto municipal.
El secretario de Hacienda de Valledupar, Saúl Martínez, expuso el proyecto ante el antiguo Concejo de Valledupar y ahora deberá repetir su exposición ante los nuevos cabildantes. Para el 2020 el presupuesto de Valledupar sería de $768.387.977.845, entre inversión, gastos de funcionamiento y servicio de la deuda. Para inversión hay $681.375 millones.
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Para el gasto en funcionamiento están predestinados inicialmente $70.600 millones, casi el 9,1 % del presupuesto general; y para el servicio de la deuda, término con el que se conoce al pago de las obligaciones que tiene el municipio con las entidades financieras, en el 2020 se destinarán $16.344 millones.
En ese sentido, la Comisión segunda permanente de presupuesto y servicios administrativos del Concejo estará conformada por los concejales Guido Castilla, Eduard Cujia, Jhon Carpio, Elizabeth Duarte, Jorge Luis Martínez, Elkin Buitrago, Álvaro Molina, Luis Medardo Quintero y Merithza Quiroz.
‘PAPAS CALIENTE’
Como ‘papas caliente’ calificaron algunos concejales los procesos para la elección del contralor y personero municipal que deberán iniciar y continuar respectivamente. En el caso del contralor los corporados salientes no empezaron la elección para el próximo periodo esperando una providencia del Consejo de Estado que fue publicada el pasado 15 de noviembre.
En la providencia, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado recomendó suspender los procesos de convocatoria para la elección de contralores locales que se encontraran en curso, teniendo en cuenta, “entre otras cosas, que una reforma constitucional del 18 de septiembre del 2019 exige que el periodo para el cual deben ser elegidos los próximos jefes de las contralorías municipales, distritales y departamentales debe ser de dos años y no de cuatro”.
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Por lo anterior, el próximo contralor de Valledupar será elegido por dos años. Los actuales concejales no lo elegirán, sin embargo, iniciarán la convocatoria pública y serán los 19 elegidos el 27 de octubre quienes elijan al contralor de Valledupar para el periodo 2020-2021.
Esta elección es calificada como papa caliente porque luego de una novela de dos años para elegir contralor, 16 concejales fueron inhabilitados por la Procuraduría al designar a Omar Contreras a pesar de estar inhabilitado.
La otra papa caliente también es en una de las ‘ías’. Luego del escándalo por denuncias de fraude en el examen de conocimiento del concurso de méritos para elegir personero de Valledupar, el Concejo dio por terminado el contrato con la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, quienes dirigían el procedimiento.
El deber de los nuevos cabildantes será abrir un proceso licitatorio y seleccionar un nuevo contratista. Esto sumado a la urgencia de borrar cualquier sospecha de fraude en el proceso.
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OTROS PROYECTOS
Además de los planes anteriores, los nuevos concejales tienen en la mesa otros documentos como la ‘transformación’ de Indupal, la construcción en el lote del Idema, el salario para personero y contralor y el trámite de la Política Pública para Acción Comunal.
El Instituto Municipal de Deporte y Recreación, Indupal, pasará a llamarse Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física de Valledupar, Inder. El ponente de este proyecto es el concejal Eduard Cujia, quien entró por el partido Alianza Verde.
Igualmente está el trámite del antiguo lote del Idema. El polémico proyecto sobre el que hay varias versiones, como la construcción de casi 3.000 casas para subsidios y que sirvan como villa estacional para las delegaciones que lleguen a los Juegos Bolivarianos del 2021, tendrá como ponente al concejal Elkin Buitrago.
El gremio de constructores, Camacol, solicitó en su momento a la Procuraduría provincial que acompañe el proceso de enajenación y el proyecto de vivienda que se construiría en el lote del antiguo Idema. Camacol augura la falta de claridad en los estudios para un proyecto de esa magnitud.
CONTROL POLÍTICO
Al preguntarle a los nuevos concejales cómo quieren ser recordados, a pesar del corto tiempo que estarán, señalaron que el objetivo “es trabajar y hacer control político”. Por consiguiente citaron a la administración municipal al recinto para que den claridad sobre dos procedimientos en los que aún persisten dudas, señalan los concejales.
El primer debate de control político será el 25 de noviembre. En ese caso, los corporados pedirán explicaciones por el contrato 1011 del 2018 de la Alcaldía de Valledupar por un valor de $1.099 millones, dinero destinados para las “primeras piedra o eventos como las posesiones de secretarios”. Según Ricardo Vives, concejal ponente, hay gastos que parecen exorbitados y que deben ser explicados.
El otro debate de control político, citado por el concejal Jhon Carpio, es sobre la polémica dación en pago. En días anteriores, se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato de dación en pago que le dejaba al Municipio una deuda de aproximadamente $ 18.000 millones.
La dación de pago se dio entre el Municipio de Valledupar, representado por el mandatario y la firma Lascano Morales & Hijos. Con el contrato la firma Lascano Morales & Hijos dio escritura pública al Municipio de dos lotes que fueron invadidos. El Concejo municipal pedirá aclaraciones sobre la firma del documento y la deuda que adquirió el municipio.
POR: DEIVIS CARO / EL PILÓN