Aunque ya el artículo 140, numerales 7 y 8 del Código de Policía y Convivencia o Ley 1801 de 2016, contempla medidas para hacer frente al consumo de drogas en espacios públicos, el pasado 1 de octubre el presidente Iván Duque firmó un decreto que le da herramientas a la Policía Nacional para incrementar los controles al consumo y tenencia, en espacio público, de sustancias psicoactivas prohibidas, con el único propósito de proteger del microtráfico a niños y jóvenes y mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana.
Muchos jíbaros aprovechan la figura de la dosis mínima para moverse con drogas por las puertas de los colegios, en las universidades y en los parques, pero con el nuevo decreto la Policía podrá confiscar y destruir cualquier cantidad de droga ilegal que un ciudadano porte en el espacio público.
La medida es buena, no penaliza la dosis mínima porque es respetuosa de las libertades protegidas por las altas cortes del país y la jurisprudencia, es una medida necesaria ayudar a evitar que más jóvenes caigan en el mundo de las drogas, pero consideramos que no hay total garantía para ello. Debe haber un acompañamiento permanente de los padres de familia en la supervisión de las actividades de niños, adolescentes y jóvenes para que estos no se conviertan en consumidores de estupefacientes.
El decreto tiene un enfoque de prevención y es una medida más que hace parte de la estrategia de lucha antidrogas del Gobierno Nacional que busca resguardar los espacios públicos de la realización de actividades ilícitas que afectan la salud y la sana convivencia de la ciudadanía.
Hay que destacar que el objetivo de la medida no busca perseguir a los consumidores de droga en espacios privados, sino a aquellos miembros de redes criminales que se lucran de la venta de droga en calles, en los alrededores de colegios y universidades.
Entre enero y septiembre, solo con el Código de Policía se aplicaron 237.770 órdenes de comparendo, incautaron más de media tonelada de estupefacientes, destruyeron droga en más de 236.000 ocasiones y la realizaron cerca de 178.000 participaciones ciudadanas en programas comunitarios y el problema no terminó. Lo anterior demuestra que las leyes solo son un mecanismo que hace mutar las actividades policivas contra le microtráfico, pero no lo erradica de fondo.
Es rescatable que el nuevo decreto reglamentario se tuvo en cuenta que la drogadicción aunque es mundial no es igual en todas en las regiones, por lo que dota a las asambleas, concejos y alcaldes adoptar las medidas que estimen convenientes para contrarrestarla.
El problema de las drogas es complejo y deben hacerle frente todos los entes sociales, como Policía, alcaldías, gobernaciones, concejos, colegios, universidades, medios de comunicación, pero sobre todo la institución de la sociedad más afectada por este flagelo, la familia.