Mucho se escucha por parte del Gobierno nacional sobre las ayudas humanitarias entregadas a los colombianos para mitigar el impacto de la emergencia de la covid-19. Por eso, algunos cesarenses se preguntan ¿de qué manera se han distribuido esas ayudas en el departamento?
En una entrevista con el diario EL PILÓN, la directora general del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, Susana Correa Borrero, resolvió diferentes dudas.
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De acuerdo con la funcionaria, desde Prosperidad Social destinaron al Cesar 30.640 millones de pesos con incentivos ordinarios y extraordinarios para 107.095 participantes de Familias en Acción; a 13.622 Jóvenes en Acción destinaron $8.587 millones y con la compensación del IVA giraron $2.635 millones para 35.139 hogares.
“Estamos hablando de más de 41.800 millones de pesos para las familias con mayores carencias en este departamento como apoyo para que puedan sobrellevar la emergencia”, aseguró.
Correa Borrero expresó que tanto en el departamento como en otras regiones de Colombia, el DPS ha entregado incentivos a la población en condición de pobreza y vulnerabilidad a través de sus programas de transferencias monetarias condicionadas: Familias en Acción y Jóvenes en Acción.
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“Entregamos el primer pago ordinario de 2020, por cumplimiento de compromisos de los meses de octubre y noviembre de 2019; y un pago extraordinario para cada uno de los beneficiarios activos en cada programa. Así mismo, realizamos el pago de la compensación del IVA a los hogares más vulnerables inscritos en Familias en Acción, previsto para el 2021”, detalló.
Al indagarle cómo eligen a las personas para que sean beneficiadas, señaló que para los pagos extraordinarios, en el marco de la emergencia, debían ser participantes activos en el programa que fueran beneficiarios.
“Los participantes no requerían la verificación alguna de cumplimiento de compromisos como ocurre en los pagos ordinarios, y la entrega se realizó a las familias de acuerdo con la información registrada en el Sistema de Información de Familias en Acción, con fecha de corte a marzo 18 de 2020”, sostuvo.
Frente a Jóvenes en Acción, expresó que los participantes debían estar inscritos hasta el 20 de marzo de 2020 y tampoco debían cumplir con el proceso de verificación de compromisos en educación para este pago extraordinario. “Los estudiantes que recibieron este beneficio de 356.000 pesos no podían hacer parte del núcleo de Familias en Acción y no debían haber finalizado al 16 de marzo su participación en el programa”, añadió.
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La compensación del IVA, proyectada para un millón de hogares en todo el país, beneficia a los 700 mil hogares más pobres de Familias en Acción (35.139 en Cesar) y a 300 mil adultos mayores.
¿QUÉ VIENE AHORA?
Teniendo en cuenta que la cuarentena fue prolongada hasta el 11 de mayo, que los pronósticos indican que esta emergencia seguirá por más tiempo, que existen muchas personas que no han podido laborar, y por ende, no cuentan con recursos necesarios para solventar sus necesidades, la directora general del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, manifestó que con el Gobierno nacional se están definiendo y revisando alternativas para que en una eventualidad se pueda generar otro tipo de ayudas o incentivos a los más vulnerables.
¿CÓMO TRABAJAN PARA LLEGAR A MÁS PERSONAS?
La funcionaria aseguró que llevar ayuda a la población con mayores necesidades durante esta emergencia social y económica es un trabajo articulado entre los niveles nacional, departamental y local.
“Las alcaldías y gobernaciones han tenido un rol muy importante a la hora de garantizar que las ayudas lleguen de la mejor manera a estos hogares, disponiendo además de todas las medidas de seguridad y bioseguridad para mitigar el riesgo de contagio de covid-19 en el momento del retiro de los recursos”, precisó.
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Por último, explicó que con el objetivo de que los entes territoriales puedan entregar auxilios diferentes a los que están establecidos en los programas de Prosperidad Social, se están suscribiendo acuerdos de confidencialidad para el intercambio de información con terceros, con el representante legal o su delegado de las gobernaciones y alcaldías, “con el fin de que los mandatarios cuenten con una herramienta de focalización para la población vulnerable”.
POR: ANNELISE BARRIGA RAMÍREZ/EL PILÓN annelise.barriga@elpilon.com.co