EL PILÓN presentó una petición a la Alcaldía de Valledupar para conocer la situación financiera del Municipio. Según la información entregada por la Secretaría de Hacienda, durante la vigencia 2022, el Municipio recaudó $131.797 millones por impuestos corrientes de libre destinación, ICLD, representando un aumento del 15 % en comparación con el 2021.
El mayor aporte lo hizo el impuesto de industria y comercio, con $64.091 millones recaudados, convirtiéndose en el ingreso más significativo que tiene Valledupar. Este tributo se genera por la realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios.
Sobre el balance del 2022, el secretario de Hacienda de Valledupar, Carlos Alfonso Araújo, aseguró que superaron la cifra que tenían proyectada ($128 mil millones).
“Implementamos varias estrategias, como programas de fiscalización, que incluye cobros persuasivos y coactivos sobre obligaciones de vigencias anteriores. También ofrecimos alternativas a los tributarios, teniendo en cuenta que la pospandemia afectó la economía vallenata”, explicó Araújo.
EL PREDIAL
Por otro lado, preocupa la disminución en el recaudo del impuesto predial, que pasó de $37.338 millones en 2021 a $36.753 millones en 2022.
En ese sentido, el funcionario aseguró que han encontrado más de 2.000 establecimientos que no estaban inscritos en el registro de información tributaria y, por lo tanto, no pagaban impuestos.
“En el 2019 encontramos una figura atípica: a raíz de la dación en pago de la anterior administración se hicieron cruces de impuestos con terceros, y se contabilizaron recaudos que nunca se recibieron”, argumentó Alfonso Araújo.
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PAGO DE LAS DEUDAS
En el año 2014, el Municipio de Valledupar se acogió a la entonces Ley 550 o Ley de Quiebras ante la imposibilidad de pagar sus deudas. En ese momento se suspendieron los cobros jurídicos y se establecieron compromisos hasta 2028.
A raíz de la pandemia del 2020, el municipio pidió una ampliación para pagar hasta 2030. De los $209.274 que adeudaba Valledupar, luego de 9 años se han pagado $176.174 millones, más o menos el 84% de los compromisos.
En ese sentido, durante el año pasado, el municipio destinó $16.867 millones para el pago de los compromisos de la Ley 550 y $4.698 millones del SGP Agua Potable para abonar a la deuda de los polémicos Bonos de Agua.
Por Deivis Caro