La comunidad de Boquerón, corregimiento de La Jagua de Ibirico, ha recurrido a todas las instancias para que se les defina el reasentamiento y exigen del gobierno una pronta solución.
Mediante la Resolución 0970 del 20 de mayo de 2010, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ordenó a las empresas C.I. Prodeco S.A., CNR y Drummond Ltd., ejecutar el reasentamiento de las comunidades de Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón, en el Cesar.
La primera comunidad a reasentar, es la de la vereda Plan Bonito con 172 familias que ya iniciaron su proceso de reubicación y se espera que termine en el primer semestre del 2014.
Después del inicio de este reasentamiento, el pago de sus mejoras con el acompañamiento de proyectos productivos y recuperación de su estabilidad socioeconómica, en Boquerón, la situación se complica. Así lo dio a conocer uno de los voceros de la mesa de concertación, frente a los delegados de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA.
Según Rafael Emiliano Molina Romero, vocero de la comunidad, el Operador no ha sido objetivo en este proceso, porque siempre salen con cosas nuevas y peticiones nuevas. “El comité no estaba ilustrado frente al tema de la legalización de sus gastos y el manejo de las actas; hoy vemos con preocupación cómo se demoran un mes para la finalización de actas, en donde se denota poca trasparencia, porque lo que se acuerda no aparece en las actas, es decir hay mutilación de las mismas” asegura Molina Romero.
Al igual que lo anunciado en su momento por parte de los habitantes de Plan Bonito en El Paso, “La gente se está cansando de tanta mentira” dijo Flower Arias Rivera, otro de los voceros de la comunidad quien exige que se vayan a la consulta previa como mecanismo legal para avanzar en las negociaciones.
“Aquí hay un juego con nosotros, es por eso que nos levantamos de las conversaciones, porque cuando se les planteó lo del Comité Operativo, nunca reconocieron la contratación de los profesionales, el abogado y el sociólogo, para que nos asesoraran y llegar a los comités de concertación con conocimiento de causa, algo que no ha cumplido el operador” aseguro el vocero comunal.
Estas afirmaciones se dieron ante los delegados de la ANLA, Wilson Pérez, Iván Castillo y Adriana Orozco, además del acompañamiento de la asesora Jurídica del municipio de La Jagua de Ibirico, Yenileth Toloza, quienes buscaban evaluar cómo avanza el proceso del reasentamiento de Boquerón.
Según Iván Castillo, abogado de ANLA, esta entidad ha proferido varios actos administrativos como requerimientos a las empresas, en donde incluso hay sancionatorios. “Existen ya sancionatorios, porque se incumplieron normas de carácter ambiental, requerimientos en firmes desde octubre del año pasado” aseguró el funcionario.
Sin embrago, la preocupación de los habitantes de Boquerón va más allá, porque se detienen las inversiones por parte del gobierno local, no hay trabajo para la gente y el territorio para la subsistencia cada día es menor. “A nosotros en qué nos beneficia que a las empresas se sancionen, si esos recursos no llegan a beneficiarnos a nosotros; si así fuera, pero estoy segura que no es así” afirmó Diluvis Castillo, habitante.
Para Iván Castillo, asesor jurídico en este tema, para Anla, los recursos de las sanciones no benefician en nada a las comunidades y la idea es trabajar para sacar el proceso adelante.
Otro de los temas que se abordaron tiene que ver con el reconocimiento de la Población de Boquerón como comunidad afro y se defina el área población sujeta de reasentamiento, que aún no se ha realizado porque igualmente no se ha realizado el censo real de esta población.
Según el abogado de ANLA, “no existe un acto administrativo que reconozca a Boquerón como comunidad afrodescendiente y considera que el resultado del censo definirá si la población lo es”.
Frente a este tema, Flower Arias Rivera insistió en la Consulta Previa y el vocero Rafael Molina Romero considero que ojalá esta reunión no sea una más de relleno “Que se empiece a ver resultados a partir de hoy, no queremos que la comunidad opte por las vías de hecho ya que el hambre y el desempleo generan desespero”.
En la reunión se asumieron compromisos por parte de ANLA, como la de realización de reuniones previas con los voceros antes de los comités de concertación, mayor gestión en el tema del reasentamiento para garantizar el proceso, mantener informada a la comunidad sobre los actos administrativos proferidos por los ministerios y realizar una exposición clara del papel que juega ANLA en el proceso.
Replan, es una organización de origen ecuatoriano, contratada por las compañías Drummond, Prodeco y CNR, cuya experiencia probada en reasentamientos poblacionales ha sido exitosa, sin embargo, habitantes de Boquerón señalan que no se ha ganado la credibilidad en este territorio, por la falta de imparcialidad en el proceso.
¿Por qué el reasentamiento?
La medida impuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a las empresas mineras obedece a que estas comunidades se encuentran situadas en áreas muy cercanas a las operaciones mineras desarrolladas por las mencionadas compañías, y por eso ordenó el reasentamiento de estas poblaciones para evitar los efectos negativos en su calidad de vida.
Reasentamiento significa que una población se traslada de un lugar a otro, bien sea como resultado de un reasentamiento voluntario, que es cuando un individuo, grupo o comunidad se traslada espontáneamente; o de un reasentamiento involuntario, como consecuencia de un desastre natural, por la necesidad del uso del suelo, declaratoria de uso público o, como en nuestro caso, por mandato del Gobierno.
Las familias a reubicar en Plan Bonito, han optado por un reasentamiento individual por lo que cada una de ellas decidirá en dónde quiere ser reubicada; mientras tanto el programa de reasentamiento las acompañará en todo el proceso para garantizar la compra de los inmuebles y así asegurar el patrimonio de las familias.
Dentro del plan de reasentamiento se construye un marco de compensación en el que se incorporan todos los derechos compensables, tanto en bienes, como en dinero, buscando que las compensaciones sean equitativas y justas de acuerdo con el nivel de perjuicio ocasionado a las familias involucradas.