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¡Aprueban el plan de desarrollo o lo adopto!

De acuerdo con la Ley 152, el gobierno debe presentar al Congreso de la República el proyecto de ley del plan de desarrollo antes del 7 de febrero, previa convocatoria a sesiones extraordinarias; y para no cambiar la tradición colombiana en el sentido de que todo plazo se cumple el último segundo del último minuto de la última hora del último día, en efecto, y mediante el decreto 160 del 6 de febrero fueron convocadas las sesiones extraordinarias y presentado el proyecto “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

Previamente se había llevado a cabo la participación activa de las entidades territoriales con más de 50 diálogos regionales vinculantes, presentación al CONPES, y al Consejo Nacional de Planeación para que expresara su opinión.

La semana pasada había circulado un documento borrador con 240 artículos que incluía diez solicitudes de facultades extraordinarias distribuidas en todo el articulado; pero finalmente fue radicado un texto con 300 artículos que solo incluye la solicitud de facultades extraordinarias en el artículo 160 para regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas, y en el artículo 298 quedaron recogidas las demás facultades que estaban en el borrador, redactadas de manera genérica, donde se infiere que el gobierno, por el término de seis meses, pretende crear un nuevo Estado.

En tal sentido, el gobierno pide facultades para 1) adquirir, a título gratuito u oneroso, la infraestructura del Hospital San Juan de Dios-Instituto Materno Infantil, y crear la persona jurídica que prestará los servicios; 2) regular los usos alternativos de las plantas de coca y cannabis, además de los fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas; 3) crear un sistema de transferencias o subsidios en dinero y/o en especie para apoyar a la población pobre y vulnerable, además de modificar los programas Familias y Jóvenes en Acción; 4) depurar y modificar la normativa vigente para establecer los instrumentos que se requieran para implementar las políticas de reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular, y esquemas de financiamiento para el fortalecimiento productivo.

Pero lo que va a generar más discusiones son las facultades “precisas”, respecto de entidades de la rama ejecutiva, para crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar, modificar la naturaleza jurídica, modificar y determinar los objetivos y estructura orgánica, funciones, régimen jurídico, y realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión que se requieran. ¡Mejor dicho!

Pero también pide facultades para crear, escindir, fusionar, suprimir o modificar la naturaleza jurídica de fondos cuenta con o sin personería jurídica, o de patrimonios autónomos, destinados a la administración y/o ejecución de recursos públicos, determinar los objetivos y estructura, así como las entidades y sectores administrativos a los cuales se adscriben o integran; 

El primer debate se dará en sesión conjunta de las comisiones de asuntos económicos, por un término improrrogable de cuarenta y cinco días, y luego en sesiones plenarias independientes en Senado y Cámara por un término improrrogable de otros cuarenta y cinco días hasta el 6 de mayo.

El Congreso de la República podrá modificar el Plan de Inversiones con visto bueno por escrito del gobierno, siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero, y de manera autónoma el gobierno también puede hacer modificaciones.

Lo que más preocupa de todo este trámite, y del criterio fundacional del gobierno, es que el Congreso está entre la espada y la pared porque, de no cumplirse el plazo, el gobierno adoptará el texto que hubiera presentado, mediante decreto con fuerza de Ley.

Pero en todo caso, el gobierno no debe ser factor de pugnacidad; por el contrario, debe liderar la unión de los colombianos y hacer el mayor esfuerzo por apaciguar los ánimos para construir entre todos la Colombia que queremos, en la que todos podamos caber.

PUNTO APARTE. Algunos amigos que leyeron la columna de la semana pasada, titulada “La Vieja Mello: el pretexto de los politiqueros guajiros”, me llamaron para sugerirme que en mis opiniones no hiciera referencia a los defectos de la tradicional clase política de La Guajira, porque mi integridad física podría estar corriendo riesgos. Les contesté que en ninguna de mis opiniones he dicho nada sin pruebas, pero que en todo caso si algo me llegara a pasar dejo esta constancia para que las autoridades sepan por dónde deben empezar a investigar para establecer responsabilidades. Solo eso. Y como dijo el filósofo de La Junta: Se las dejo ahí… @LColmenaresR 

Por Luís Alonso Colmenares Rodríguez

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