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Además de la respuesta de la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Valledupar sobre la tutela presentada por el presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Urón Márquez, por la presunta violación de derechos fundamentales en la construcción de la segunda calzada Valledupar-La Paz, EL PILÓN conoció la posición de las alcaldías de estos dos municipios y la Gobernación del Cesar.
El asesor jurídico de la Alcaldía de Valledupar, José María Campo, manifestó que la respuesta de la administración municipal fue enviada el 3 de febrero, alegando que por parte del ente territorial no se está vulnerando ningún derecho fundamental. “Por eso, desde el punto de vista del municipio de Valledupar esta tutela es improcedente en lo que nos corresponde a nosotros, esa fue la respuesta que se dio”, expresó Campo.
Urón sostiene que en la ejecución de este contrato se estarían vulnerando los derechos al debido proceso administrativo, a un ambiente sano, a la vida y dignidad humana, así como a la participación ciudadana y a la seguridad vial en este corredor nacional de 7 kilómetros, el cual, según él, tiene “curvas peligrosas que incumplen las normas de diseño geométrico del Invías, exponiendo a los usuarios de la vía a accidentes fatales; un sistema de drenaje inadecuado que provoca inundaciones recurrentes afectando predios cercanos incluidos los de la Universidad Nacional sede La Paz y ausencia de infraestructura crítica como el puente sobre el río Cesar”.
¿Hasta dónde llega la función de la Alcaldía?
Pero Findeter sostiene que los diseños fueron entregados y aprobados por el mismo Instituto Nacional de Vías (Invías) “y estos cumplen con la normatividad nacional vigente y con las aprobaciones necesarias”. Así mismo, la entidad se defiende al señalar que han realizado socializaciones con la veeduría, como con la ciudadanía y las entidades correspondientes.
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Campo agregó que el municipio, al no ejecutar esta obra, no tiene competencias en el caso, pero sí las entidades que participan en ese contrato, es decir, Ministerio de Transporte, Invías, Findeter y la Unión Temporal Vial VLP, contratista que indicó a esta casa editorial que su equipo jurídico también contestó al Juzgado en los términos exigidos.
Por su parte, el alcalde de La Paz, Wilson Rincón, dijo a EL PILÓN que el particular ha sido objeto de estudio por parte de la Secretaría de Planeación y los técnicos de su gobierno, por lo tanto, es probable que la otra semana la Alcaldía publique un comunicado oficial sobre este asunto jurídico.
Gobernación solicitó desvinculación de la tutela
Ahora bien, desde la Gobernación del Cesar, el secretario de Infraestructura, Jorge Maestre, contó a este medio de comunicación que solicitaron al juez la desvinculación de la acción: “Teniendo en cuenta que en primer lugar existe un convenio entre Invías y Findeter por tratarse de una vía del orden nacional y por otra parte la obra la ejecuta el consorcio Unión Temporal Vial VLP, con quien no tenemos ningún vínculo contractual”.
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La Fiduciaria Corficolombiana y la Superintendencia de Transporte fueron otras de las entidades accionadas, ahora hay que esperar la decisión de la agencia judicial.