Las obligaciones urbanísticas, creadas por el POT exclusivamente para el diseño y construcción del Ecoparque Río Guatapuri, ordenaron que el área útil cedida fuera compensada en dinero por los constructores y aquellos ciudadanos que deseen construir, reformar o reconocer sus construcciones en barrios consolidados, han producido un recaudo hoy, que asciende a 3.500 millones de pesos, aproximadamente, recursos a los cuales nuestro alcalde les cambió su destinación, debido a que el estado del fondo cuenta en la tesorería municipal presenta un saldo cercano a los 950 millones de pesos, reflejándose un gasto de 2.555 millones de pesos, utilizados en un espacio público ubicado fuera del Ecoparque y en interventorías de otros parques, actuación indebida, como se puede probar.
La inversión social, orientada a la recreación pasiva ecológicamente concebida por el POT en los artículos 192, 205 y 206, ha sido violada por el burgomaestre, atentando contra la recreación de los ciudadanos, porque si bien es cierto el gasto se efectuó en parques, no se hizo en el Ecoparque, como está dispuesto por la ley, vulnerando flagrantemente una destinación específica, conducta reprochable que le puede traer graves consecuencias disciplinarias y penales, que de comprobarse, seguramente lo retirarán del ejercicio político por un largo tiempo, porque la prueba está en la investigación que se hizo al respecto en la Secretaria de Hacienda municipal, donde el estado financiero del Fondo cuenta creada para el Ecoparque debería estar intacto y no lo está.
Habría que explicarle a mis lectores que el gasto público social en la ciudad de Valledupar, destinado en esta oportunidad, para la recreación de la ciudadanía en general, sean residentes o visitantes, tiene su origen en la necesidad de suplir la falta de 540 Has de áreas verdes y equipamiento comunitario, necesarios para superar el déficit de 12 m2 por habitante, de los 15 m2 estipulados por la norma, inversiones que la administración municipal está obligada a realizar en un mediano plazo, tendientes al bienestar general; sin embargo, a este servidor público, abogado de profesión, al parecer le importa poco tomar a su antojo los recursos que bajo su custodia se le confiaron, por razón de sus funciones, aplicándolos oficialmente de forma diferente de aquella a que están destinados, invirtiéndolos inadecuadamente, en perjuicio de la inversión social no causada según el propósito de la obligación urbanística.
Con esta actuación, se le suman serias imputaciones a nuestro querido alcalde, en negocios comprometedores como el dudoso recaudo del impuesto predial, por medio de una dación en pago, en la omisión de sus funciones en la recuperación del espacio público en El Boliche, en claro desacato de una orden judicial, en la controvertida reconstrucción de la plaza Alfonso López, y en la inversión pública que se perdió en los estudios técnicos de los deprimidos viales, que no se pudieron construir por inviables, entre otras situaciones, que los vallenatos muy bien conocen.