Aunque la justicia todavía no decide la suerte jurídica del exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel ‘Tuto’ Ramírez Uhía, por el delito de corrupción al sufragante, algunas partes del proceso, la mañana del viernes, fijaron su posición en que el exmandatario debe ser declarado inocente de los cargos en el sentido de fallo que se emitirá el próximo 26 de enero.
La visión de la Procuraduría, el abogado defensor e incluso del mismo exfuncionario que fue juzgado, estuvieron influenciadas en cierta forma por la histórica sentencia que revocó la condena del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por el mismo delito y similares hechos investigados.
La representante del Ministerio Público, Martha Evangelina Valera Ibáñez, consideró que no había elementos materiales probatorios que demostraran la conducta delictiva de Ramírez Uhía cuando realizó las actividades proselitistas en las invasiones, en el 2011, como candidato a la Alcaldía de Valledupar para el periodo 2012-2015.
“Lo que se pactó fue el cumplimiento de uno de los fines del Estado a través de una promesa programática, como lo es la posibilidad de acceder a una vivienda digna en decisiones de unos fallos de tutela”, aseveró Valera Ibáñez.
El pacto referido trata de los documentos que suscribió Ramírez Uhía con las comunidades, según la Fiscalía, con el fin de ganar votos mediante ofrecimientos con bienes inmuebles. Los manuscritos se materializaron el 11 y 29 de septiembre del 2011, fechas en que el entonces candidato primero se reunió con los moradores de los sectores Altos de Pimienta, Bello Horizonte y los Guasimales, y después con los habitantes de Tierra Prometida.
En los terrenos de propiedad privada estaban asentadas aproximadamente 800 familias que tenían dos personas adultas, cada una en promedio, aptas para votar, que las convertía en un fortín político atractivo.
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Para la Fiscalía era claro que el aspirante, con el afán de conquistar los votos, firmó los compromisos y los autenticó bajo la premisa de dejar quieto en los predios a los invasores y darles viviendas.
¿EXCESO DE CONFIANZA?
Pero esa teoría para la defensa es tan poco creíble que renunció a casi todos sus elementos de prueba en el juicio y decidió dar paso a los alegatos de conclusión ayer. Es decir, el abogado Alejandro Sánchez no vio necesario extender el debate porque está convencido de la inocencia de su prohijado.
En el juicio solamente presentó la declaración de Ledis Gallo, asistente de la campaña electoral del 2011 de Augusto ‘Tuto’ Ramírez Uhía. La testigo, que es contadora pública, contó la manera cómo se llevaban a cabo las visitas y reuniones políticas.
Además, el abogado defensor indicó que los mismos testigos de la Fiscalía 5 seccional dieron la razón al exmandatario. “Todos los testigos de la comunidad representados como Lurdes, Manuela Barros Sandoval, Martha Figueroa, Martha Eugenia Montero, Orlando Granados y Ana Beltrán, todos llegan a una sola conclusión: que no hubo corrupción al sufragante”, precisó Sánchez.
Finalmente sacó a relucir la decisión de la Corte Suprema en el caso del gobernador Luis Alberto Monsalvo, en el que también fue su abogado. Monsalvo había sido condenado a 61 meses y 16 días de prisión, por aparentemente alzarse como gobernador del Cesar en el 2011 a partir de firmar promesas con las invasiones de Valledupar; pero la sentencia fue revocada por la Sala de Primera Instancia de la Corte al considerar que no hubo delito.
“No toda promesa atenta contra el bien jurídico protegido, ni es reprochable a través del derecho penal, menos aquellas que tienden a buscar soluciones a los complejos escenarios, derivados de problemas sociales, como lo ha sido históricamente la violencia que ha aquejado amplios territorios de la geografía colombiana”, reza el fallo de la corte.
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Si bien es cierto que el proceso de ‘Tuto’ Uhía no es el mismo pleito penal de Monsalvo, no se puede olvidar que la investigación surgió por una compulsa de copias realizadas por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que inicialmente investigaba a Monsalvo.
“DEBE SER CONDENADO”
El fiscal 5 seccional, Johan Ustáriz Buendía, por su parte, pidió que se emitiera sentido de fallo condenatorio porque detrás del documento se reflejaron varias irregularidades que merecían ser investigadas. Consideró que el manuscrito sí compró consciencias y fue arreglado con anterioridad.
“Orlando Díaz (uno de sus testigos) dijo en su despacho que llevó al candidato Ramírez Uhía a esos predios y dijo que a una persona le entregaron dinero para que desistiera de su aspiración, entonces no se trata simplemente de un acto de campaña. Este documento está rodeado de situaciones que merecen especial atención, está indicando que detrás de esas firmas existió un entramado político. Esto deber ser reprochado por su despacho y objeto de otras averiguaciones”, manifestó el representante del ente acusador.
“TODOS HACEN PROSELITISMO”
El exalcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, manifestó que sus intenciones no fueron indebidas pues siente amor por la ciudad porque la conoce. “Lo que hicimos fue un acto de proselitismo político que lo hacen todos los candidatos en el territorio colombiano y de Latinoamérica”, dijo Ramírez.
POR: Marllelys Salinas / EL PILÓN
marllelys.salinas@elpilon.com.co