Por: Raúl Bermúdez Márquez
Cuñas de televisión en horario Triple A, cuñas de televisión en horario ordinario, cuñas radiales en emisora nacional y regional, avisos en periódicos nacionales y regionales durante tres meses, estrategia en Internet, camisetas, pines, vallas, pancartas, stickers, volantes, envío de cartas, pasacalles, pasajes de un mínimo de siete personas, comida, hoteles, otros transportes, actos públicos masivos, actos públicos medianos, actos públicos cerrados, lanzamiento de campaña, cierre de campaña, arriendo, papelería y aseo, nómina, asesor de estrategia, atención a testigos electorales, gastos de movimiento de electores, refuerzo de los 30 últimos días antes de elecciones, e imprevistos, forman parte del rosario de gastos en que tiene que incurrir un candidato para tener alguna posibilidad de ser favorecido con el voto popular.
Como es lógico, los gastos crecen en proporción a la amplitud de la entidad territorial: Concejo, Alcaldía, Asamblea, Gobernación, Congreso, Presidencia. Desde luego, que lo normal entonces es que se busquen diferentes fuentes de financiación: recursos públicos del Estado, recursos de las organizaciones políticas, contribuciones en dinero o en especie realizadas por particulares, aportes de los miembros de las organizaciones políticas, aportes de las y los candidatos o de sus parientes, créditos de entidades financieras o con particulares, donaciones de personas naturales o jurídicas nacionales, recursos provenientes de actos públicos o actividades lucrativas de la organización política, entre otras. Algunas fuentes son legales, permitidas. Otras, la mayoría de las veces, no lo son tanto. Se financian campañas con dineros públicos sí, pero no como producto del valor que reconoce el Estado en función de los votos obtenidos, sino de lo que aportan contratistas del Estado que pagan favores recibidos o que hipotecan al futuro administrador para que le sigan adjudicando a dedo jugosos contratos.
Otras veces se reciben contribuciones de particulares, pero no del empresario honesto que genera empleo y desarrollo, sino del narcotraficante que gana dinero fácil y genera violencia. Pareciera que es un círculo vicioso imposible de romper: el que tiene más recursos, sin importar que tenga argumentos, por lo general es el que tiene la posibilidad de construir una gran empresa electoral para hacerse elegir. El voto de opinión, sólo en circunstancias especiales, sale favorecido. Un sistema electoral así, por mucho que se diga entonces, no puede considerarse democrático. Algo está fallando y es urgente que se actúe sobre los factores que producen la falla, de lo contrario seguiremos siendo considerados a nivel internacional como un sistema político que dispone de una democracia formal, pero no de contenido. Uno se queda abismado cuando algunas fuentes de alta credibilidad afirman que fulanito ya lleva gastado en la campaña electoral a la gobernación más de 20 mil millones de pesos o que un candidato a la alcaldía, supera la cifra de 5 mil millones de pesos. La pregunta obvia es, si ya desbordaron los topes legales fijados por el Consejo Nacional Electoral… ¿Cómo hacen para esconder esa realidad en la contabilidad de sus Gastos e Ingresos? ¿Será que invierten todo ese dineral, por amor al arte, o porque piensan recuperarlo con creces una vez sean elegidos?.
Se han aprobado varias reformas políticas en el Congreso supuestamente con el propósito de corregir esa perversión del sistema electoral colombiano, pero todas han sido inocuas. Un acucioso estudiante me hacía esta pregunta, ¿No será profe, que las reformas electorales la proponen y la aprueban, quienes precisamente se beneficiande ese sistema electoral excluyente? Interesante pregunta que dejo ahí a consideración de los lectores.
raubermar@yahoo.com