Por: José Félix Lafaurie Rivera*
Junto con los presidentes de la SAC y FENAVI, conocimos el programa Agro Ingreso Seguro y sus componentes, incluido el capítulo de “riego y drenaje”. No percibí, como no lo hicieron los otros presidentes, que el diseño de política estuviera viciado por actuaciones deliberadas para configurar mecanismos que habilitaran favorecimientos o arreglos fraudulentos, como los que luego le propinaron un puñado de familias, y que hoy tienen en la picota pública a funcionarios, productores y campesinos de bien.
Por estas razones, no puedo mantenerme al margen del debate, sobre algunos argumentos expuestos por el Fiscal, Martín Moreno Sanjuán, que van más allá de la suerte que puedan correr los funcionarios involucrados. Mi ánimo es contribuir en la búsqueda de matices y graduaciones, que no se advierten en el discurso público judicial. Para empezar, se asegura que, de $1.4 billones apropiados para AIS, $250 mil millones correspondientes al rubro de “riego y drenaje”, están comprometidos en el peculado cometido por terceros, que accedieron a los subsidios irregularmente.
Con esa cifra ya no estaríamos hablando de unas pocas familias que fraccionaron sus fincas para obtener más de un subsidio hasta alcanzar sumas superiores a $2 mil millones, sino de 33 mil productores que participaron del programa. El 99% de ellos pequeños y medianos, que recibieron el 94% del total de los dineros arbitrados durante los 3 años de vigencia del programa. ¿Se puede presumir que todos ellos son hampones y, por ende, deben ser judicializados?
Las cifras evidencian que empresas grandes y respetables, menos del 1% de los beneficiados del capítulo de riego y drenaje –entre ellos, parte de los ingenios azucareros– accedieron al 6% de esos recursos, en montos de hasta $650 millones. ¿Se puede concluir que existió de parte de esas firmas, una intención de defraudar al programa o de ocasionar un detrimento al erario? No lo creo. Pasa, que se están mezclando en el mismo saco, honestos y deshonestos.
Se cuestiona la legalidad del contrato con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con el argumento de que el tema de riego y drenaje no hace parte de la tipología de “ciencia y tecnología”, cuando el Manual de Oslo –desarrollado por Eurostat y OCDE– establece parámetros de medida e interpretación en materia de ciencia, transferencia de tecnología e innovación. Se desconoce, además, la trayectoria del IICA con entidades gubernamentales.
De hecho, desde mi paso por el Vice-ministerio de Agricultura, hace más de 20 años, abundan contratos de esta naturaleza con dicha instancia y no creo que haya habido un Ministro de Agricultura, que en las últimas tres décadas, no haya contratado a través de ellos.
Necesitamos entender la función del IICA. Fue la instancia encargada de asesorar el proceso, establecer criterios técnicos para desarrollar el programa y, al mismo tiempo, evaluar la propuesta y precisar la elegibilidad. Fueron ellos los que participaron directamente y no los funcionarios. Por consiguiente, tratar de responsabilizar a quien diseña una política o genera instrumentos, para habilitar el acceso a los recursos, no tiene sentido.
No obstante, el imaginario colectivo que desató la audiencia de imputación de cargos, ha sido despiadado. Abrumada por la información mediática, la opinión pública hizo suyas, a pie juntillas, las sindicaciones del Fiscal, y con un profundo desconocimiento, los funcionarios terminaron en el foso del descrédito. En justicia, no creo que se hubieran confabulado, premeditadamente, para despejar el camino a quienes cometieron el fraude y, menos, que 33 mil beneficiados sean hampones. El programa estaba blindado y era consecuente con sus propósitos. Eso creímos, entonces, ellos y nosotros.
José Félix Lafaurie Rivera
Presidente Ejecutivo -Fedegán