El alcalde Ernesto Orozco decretó la prohibición de la comercialización, consumo y porte de drogas en espacios públicos, como parques y colegios. Como se puede ver en redes sociales, es una medida bastante popular. Falta ver si es efectiva y esa prueba no solo la tiene nuestro alcalde, sino aquellos como el de Bogotá, que también ayer anunció medidas similares.
El mandatario señaló que este decreto tiene como propósito garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de Valledupar a disfrutar de un ambiente sano y una buena calidad de vida, a la integridad personal, a la recreación, entre otros. Las zonas protegidas serán: las instituciones educativas en todos sus niveles, los escenarios deportivos, los parques, plazas y plazoletas, y el Centro Histórico de Valledupar, entre la carrera 4ª y la calle 17 y 14, la calle 14 entre carrera 4ª y 12, la carrera 12 entre calle 14 y 18; y la carrera 19 entre carrera 7ª y 6ª.
Detrás de estos decretos hay un debate jurídico sobre las limitaciones de las libertades, relacionadas con el porte de la dosis mínima; se pueden encontrar dos factores: libertad y realidad. Es decir, los derechos a consumir de unos solo pueden llegar hasta donde se afectan a los otros. Y en lo real se puede señalar que, aunque no se debe criminalizar el consumo de drogas, en algunas ciudades sí tiene una relación directa con algunos delitos como el hurto y la sensación de inseguridad.
Incluso, surge otro debate relacionado con el consumo de alcohol. ¿Por qué se prohíbe el consumo de drogas en los parques y no el de bebidas embriagantes cuando ha causado miles de muertos en accidentes o actos de intolerancia? Son preguntas que surgen en medio de un complejo debate.
Lo cierto es que la Corte Constitucional había adoptado la posición liberal para evitar que el mero consumidor fuese tratado como criminal, pero no de tolerancia con el microtráfico que lo alimenta. Pero no es fácil de entender por la comunidad dicha postura; contradictora pues en la medida en que no se penaliza el uso de estupefacientes, aunque en dosis mínimas, se incentiva el mercado y el proceso de producción y distribución para atenderlo.
Esto fue reglamentado por el gobierno Petro pero con tan mal impacto en las familias, que se interpretó como una grosera autorización. El gobierno salió a explicarlo y no le fue suficiente ante la reacción ciudadana porque a los pocos días, en el trámite del proyecto de legalización del cannabis (marihuana), se quemó en el Congreso una iniciativa, consistente con la tendencia más moderna y humanista, ad portas de su aprobación.
Es acertada la decisión del alcalde Orozco de, al tiempo, redoblar los esfuerzos de cobertura de la policía nacional en los cuadrantes lo que representa un desafío para la policía, el traslado de unidades de funciones administrativas a las de calle. Estas decisiones deben ser acompañadas con mayor observación de padres de familia, adecuación de sitios públicos y parques; entre ellas, mejor iluminación y fomento de actividades lúdicas y deportivas en ellos.