Por el accionar delictivo de las Farc durante más de cinco décadas es indudable la desconfianza que han sembrado y germinado en la población colombiana. Con el proceso de paz emprendido por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se abrió una amplia ventana para que la sociedad goce de estabilidad para avanzar hacia el progreso en todos los órdenes con fundamento en el respeto irrestricto del imperio de la ley, en el marco de la institucionalidad democrática.
El Proceso de Paz avanza de manera irreversible logrando definir acuerdos en materia de Desarrollo Agrario, Participación Política y Drogas Ilícitas. Pero la desconfianza persiste por frustraciones anteriores; no obstante, el país no pierde de vista el anhelo de materializar el fin del conflicto con las Farc. El fin del conflicto circunscribe el retorno a la sociedad civil de los guerrilleros de las Farc, asimismo, involucra y representa un reto importante para todos y atribuye compromisos al Estado y naturalmente a las Farc, a partir del cumplimiento de los acuerdos.
Respetar lo pactado significa que las Farc hagan pedagogía y proselitismo en vigencia del postconflicto, pero sin el uso de las armas. Es incongruente el uso de armas para hacer pedagogía de paz, este tipo de acciones intimidantes constriñen la voluntad política del electorado, son acciones punibles ante nuestro ordenamiento jurídico; en consecuencia, determinan que recobren vigencia los delitos indultados.
De esta manera surge la iniciativa de las Zonas de Concentración, tema de vital importancia para el futuro del proceso de paz que se adelanta con las Farc en La Habana. Con el fin de definir las reglas de estas zonas, el Gobierno convocó al Congreso de la Republica a sesiones extraordinarias con la intención de modificar la Ley 148 de 1997 (Orden Público), con dos objetivos relevantes, establecer el reconocimiento político y la dejación de armas de la guerrilla en un término perentorio de 60 días una vez rubricado el fin del Conflicto.
Hecho el anuncio de las Zonas de Concentración al mismo tiempo empezaron las especulaciones sobre las escogidas, hacen parte del sonajero, Valledupar, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Florencia y San José del Guaviare. No cabe duda que las Zonas de Concentración abren espacio para la controversia y la disputa política, sin embargo, al margen de lo fundado en la Ley que las instituye, su éxito dependerá de la supremacía de la institucionalidad y que las Farc no deje a ninguno de sus integrantes por fuera de estos linderos para evitar mutaciones, actos ilegales e incumplimiento del cese al fuego como ocurrió anteriormente en el Caguan y Ralito.
En lo relativo con Valledupar no deja de ser inquietante que la ciudad repita en un proceso de estas características, seguramente no veremos la parafernalia montada para la desmovilización de una fracción del Bloque Norte paramilitar al mando de Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40’, espero que en esta ocasión la dirigencia política del departamento del Cesar, incluso de La Guajira, al unísono soliciten al gobierno nacional, garantías de seguridad y creación de políticas de desarrollo, para sus principales sectores económicos.
Los departamentos del Cesar y La Guajira han sufrido el accionar delictivo y temerario de los grupos guerrilleros, paramilitares y los efectos de la corrupción, no obstante, su gente resigna la paz y apuesta por ella. Bajo el amparo del Estado de Derecho, las Zonas de Concentración no deberían generar temores, tampoco la incursión de las Farc en la actividad política, en ningún caso podemos ser inferiores al reto de construir nación y sociedad.