Dramático, por decir lo menos, resultó el epílogo del último debate por la implementación de la Justicia Especial para la Paz, que tuvo lugar la semana pasada en el Congreso de la República, recinto que, entre otras cosas, representa el foro de las ideas, la sana controversia y el libre pensamiento. Pero que las bancadas de izquierda, Centro Democrático y de la Unidad Nacional, hicieron a un lado, para tranzarse en discusiones con frases de “grueso calibre”.
La algazara o zambra, es decir, la gritería de los parlamentarios, tuvo lugar al parecer por la falta de quorum, situación que sacó de casillas a la senadora del Partido Verde, Claudia López, quien fustigó a la bancada del Centro Democrático, por no cumplir con su deber ético de deliberar. Recibiendo respuesta del senador Amín de la bancada uribista, quien calificó a la senadora López como gobiernista, y enrostrándole que el único partido de oposición es el Centro Democrático. Pero también hubo enfrentamientos con los voceros de la guerrilla de las Farc, haciéndose recriminaciones mutuas. Mejor dicho: “Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé (…)”.
Todo eso, en medio delos 24 impedimentos presentados por igual número de parlamentarios, en razón de supuestos conflictos de intereses, por tener familiares presos o investigados por vínculos con el paramilitarismo.
Entre tanto el país queda en espera que se debata lo de la Justicia Especial para la Paz en temas como el de la ponencia presentada por el Gobierno que habilita a los miembros de las Farc, para hacer política y ocupar cargos públicos mientras cumplen con sus condenas; O el relacionado con las funciones de la JEP, a quien corresponde el deber de juzgar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones del DD HH y las graves infracciones del DIH por razón del conflicto armado. O el relacionado con la creación de tribunalesy salas con la finalidad de juzgar y sancionar a responsables del conflicto, bajo la premisa de cero impunidades, frente a crímenes de lesa humanidad, pero con beneficios tales como indultos y amnistías en casos de delitos políticos y conexos. Aquí se hace necesario aclarar que la imposición de sanciones por parte de la JEP no inhabilitará para participar en política, ni limitará el ejercicio de ningún derecho.
Todos estos temas tendrán que ser debatidos con la responsabilidad y la seriedad que el caso amerita, y será en el Congreso, donde deberán ser escuchados,los voceros de las distintas bancadas, junto con el comisionado para la paz, y a los representantes de las Farc. ¡Amanecerá y veremos!