En Colombia cada 13 minutos una mujer es víctima de algún tipo de agresión. El año pasado Medicina Legal reportó el asesinato de más de 1.007 mujeres y las denuncias de violencia sexual superaron los 15 mil casos.
Esa misma fotografía se refleja en el Cesar, que según ONU Mujeres es uno de los departamentos de la Región Caribe con el porcentaje más alto de mujeres maltratadas físicamente. Entre 2012 y 2016, han ocurrido 48 casos de feminicidios, y las casas de justicia de los barrios La Nevada y Primero de Mayo reciben cada día denuncias de violencia intrafamiliar, las cuales en su mayoría son de violencia contra las mujeres.
En el informe ‘Masatugo’ del Instituto de Medicina Legal que analiza la violencia de pareja, específicamente del periodo 2009-2014, se establece que este es un problema de salud pública. La violencia de pareja se define como cualquier comportamiento que se da dentro de una relación íntima que causa daño físico, psíquico o sexual a los miembros de la pareja; específicamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la delimita a aquella perpetrada por la pareja o expareja y que se presenta a partir de los 15 años de edad. Miguel Lorente a su vez, describe el Síndrome de Maltrato a la Mujer como el conjunto de lesiones físicas y psíquicas resultantes de las agresiones repetidas, llevadas a cabo por el hombre sobre su cónyuge.
Hay que resaltar que en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del año 2010 se registró que en Colombia, en el marco de las relaciones de pareja, las mujeres pueden sufrir violencia verbal, física,
psicológica, sexual y económica. “El 65 % de las mujeres entrevistadas refirió que sus esposos o compañeros ejercían situaciones de control sobre ellas, siendo más frecuente el insistir en conocer dónde se encuentran, ignorarlas, acusarlas de infidelidad o impedirles el contacto con familiares o amigos. El 32 % refirió que sus parejas ejercían amenazas de abandono, quitarle los hijos o retirarle el apoyo económico.
En relación con los eventos de violencia física, el 37 % de las mujeres colombianas refirieron haber sufrido agresiones caracterizadas por empujones, zarandeos (33 %), golpes (27 %), patadas (12 %), violencia sexual (10 %), amenazas con armas (7 %), uso de armas cortopunzantes o de fuego (3 %) e intento de estrangulación (5 %); en el 85 % de los casos quedaron secuelas físicas o psicológicas producto de este trauma. Este tipo de violencia tiene una relación inversa con la escolaridad y los ingresos económicos. Es importante mencionar que el 59 % de las mujeres agredidas físicamente por su pareja responden a dicha agresión con violencia, siendo menos frecuente este evento en mujeres del área rural y sin educación. De las mujeres lesionadas, solo una quinta parte acudió a un establecimiento de salud; de ellas, solo dos terceras partes recibieron información para activar la ruta de justicia”.
Es justo en este punto donde los gobiernos, las entidades que hacen parte de la Ruta de Atención que establece la Ley 1257 de 2008, deben reforzar su rol y cumplir con el mandato. En el Cesar no existe una política pública de género, no existe doliente de ella en la Asamblea, aun duerme en sus archivos un borrador presentado hace más de ocho años, y en el municipio de Valledupar ya comenzaron, por lo menos a trabajar en la formulación de una política de género. Si no hay una base sólida, de nada servirán las firmas contra la violencia ni los pactos, ni los ciclopaseos, mucho menos los talleres, si las mujeres violentadas no tienen a dónde acudir para que las ayuden a superar la violencia.