Estados Unidos no negocia con terroristas, pero un presidente demócrata instó al gobierno colombiano a que hiciera lo que ellos no hacen, designó enviado especial a las negociaciones, ¡en Cuba!, y hasta permitió que su secretario de Estado se reuniera con las Farc, un grupo en su lista de terroristas desde 1997 y reconocido como narcotraficante.
Ese apoyo, solicitado por Santos para apuntalar su proceso y su Nobel, estrechó los lazos del centro-santismo y de la izquierda con el partido demócrata, al punto que hasta las Farc olvidaron su “antiimperialismo” y desbordaron gratitud.
Desde entonces, el apoyo se transformó, al vaivén de sus intereses políticos locales, en intromisión sistemática en los asuntos internos de nuestro país, rayando en posiciones insultantes al gobierno colombiano.
Recientemente, 94 de ellos le escribieron al secretario de Estado, pidiéndole “presionar” al presidente Duque para que “se comprometa a cumplir el acuerdo” y a proteger a los líderes sociales que, según ellos, son asesinados por “La lentitud del Gobierno en implementar los acuerdos, su fracaso en llevar el Estado a las zonas de conflicto, y su imposibilidad de detener y castigar los ataques”.
Exigen “desmantelar los nuevos grupos paramilitares” -¿cuáles?-, “financiar de manera adecuada la justicia transicional” -¿más?- y “acciones contundentes” contra miembros del Ejército responsables de presuntos delitos.
Días antes, un comunicado del famoso Senador Leahy se sumó a la tesis apátrida de los hermanos Samper, de que los abusos sexuales de algunos militares no son casos aislados, sino “claro patrón de una cultura al interior de las Fuerzas Armadas que los tolera o ignora”.
En su pretensión de “cogobernarnos”, en mayo de 2019, Leahy y dos colegas más, le escribían al presidente Duque vetando los nombramientos de la cúpula militar a partir de un informe sesgado de HRW, y después le exigía investigar a María Fernanda Cabal por rechazar las acusaciones infames de un periodista del NYT contra el ejército y el gobierno.
En el mismo mes, 79 congresistas enviaron una carta a Pompeo parecida a la de los 94 de este año, defendiendo el papel de la JEP y acusando al gobierno de debilitar o anular el Acuerdo y de no desmantelar -otra vez- a los nuevos paramilitares.
¿A qué juegan los demócratas? Cartas, acusaciones espurias, negacionismo del narcotráfico como causa de los asesinatos, la ilegalidad y la violencia, y exigencias insolentes al gobierno para cumplir lo que ya está cumpliendo. Claro, sus fuentes no son los comisionados Archila y Ceballos, ni los ministros ni el presidente, sino sus amigos interesados en desprestigiar al gobierno; como se percibe en sus exigencias, que lucen “libreteadas” por la oposición, que busca desestabilizar y abrirle paso a soluciones populistas que se asoman peligrosamente.