El mensaje positivo que dejó en Valledupar Paula Gaviria, directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación a las Víctimas, durante su visita junto con el presidente Juan Manuel Santos, es alentador para las personas que sufrieron los estragos de la violencia guerrillera y paramilitar, pero contrasta enormemente con la realidad institucional en cada uno de los 25 municipios del Cesar.
Los alcaldes tienen en virtud de la Ley 1448 de 2001 –Ley de Víctimas- la obligación de apoyar todo el proceso de atención y reparación integral de éstas; sin embargo, en el Cesar unos alcaldes la conocen y la acatan y otros la conocen, pero no la obedecen. Lo mismo ocurre con el Gobernador del Cesar, que preside el Comité de Justicia Transicional donde se dinamizan las políticas públicas de atención a la población víctima del conflicto armado, pero que camina a paso lento, según lo han denunciado los mismos representantes de las víctimas.
La Ley de Víctimas establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas que beneficien a las víctimas del conflicto armado, en un marco de justicia transicional, para hacer efectivo sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantías de repetición. El no cumplimiento tiene sus consecuencias disciplinarias y penales. ¿Será que los alcaldes y el gobernador no lo saben?
El tema es tan importante en el Cesar, que la primera oficina de atención a víctimas que se inauguró en Colombia fue en Valledupar, la cual funciona desde el pasado 23 de agosto, con 38 funcionarios de la Unidad de Atención y Reparación Integral, 15 orientadores, siete enlaces para prestar asistencia, ocho en lo concerniente a reparación, 10 funcionarios de la Alcaldía de Valledupar, uno del ICBF, otro del Sena y uno más de la Defensoría del Pueblo. Son en total 51 personas dispuestas a atender diariamente a las personas que allí se acerquen. Esta estrategia ha mejorado sustancialmente la atención. Antes en las viejas edificaciones ubicadas en el lote de la antigua electrificadora se veían largas y eternas filas, esperando un turno. Una persona esperaba entre 3.5 a 5 horas, mientras que hoy con esta oferta institucional, el tiempo de espera es de una a 2.5 horas.
Esto sucede en Valledupar. ¿Pero qué sucede en los otros 24 municipios, si no tienen todo este montaje institucional a su alcance? Muchos hacen el esfuerzo y prefieren venir a la capital cesarense a denunciar los hechos victimizantes que los afectaron, incluso por seguridad porque no confían en las instituciones presentes en sus municipios.
Por eso el apoyo de los alcaldes es fundamental. A junio de 2013, el registro de personas asociadas a hechos victimizantes en el Cesar era numeroso. 271.209 víctimas, de las cuales la mayoría se concentra en Valledupar, con 115.803 y le sigue en su orden Aguachica con 19.586, Codazzi con 26.327, Bosconia con 12.859, Curumaní con 10.657. El municipio que menos tiene es Tamalameque con 1.043 personas registradas. Es apenas un inicio. Seguramente muchas más personas se decidirán a denunciar, lo cual no quiere decir que esta Ley permitirá que algunos pesquen en río revuelto y se quieran aprovechar de las bondades de la reparación. Señor Gobernador y señores alcaldes, su papel es importante. No saquen a las víctimas de sus agendas.