Se habla bastante por estos días del Presupuesto General de la Nación, PGN, por el monto en billones del proyecto de ley de 2025, sobre si está financiado o no, del que se enfrascan los congresistas, los gremios, los analistas en duras discusiones, con el foco de los medios de comunicación, en especial los que cubren los temas económicos. Pero del presupuesto municipal -y del departamental, como abordaremos después- nadie habla ni sabe nada. Siendo parte de nuestra sangre y vida diaria. Y así es porque no se conoce cómo se elabora y proyecta, con base en qué supuestos, qué pasos toma su trámite, qué soportes debe tener, de qué cuantía es y qué rubro lo componen y, por contera, cómo se ejecuta. No se comprende cómo son sus capítulos de ingresos y gastos; cuál debe ser el equilibrio entre ambos, si comprenden el gobierno central municipal o si incluye a las entidades descentralizadas del orden municipal, cuál es su relación con las también poco conocidas, pero de las que alguna vez se oyó hablar, de ‘vigencias futuras’ o de la relación con las inversiones plurianuales contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal, con el endeudamiento o el cubrimiento de las refinanciadas deudas de la ley 550. O de cómo contribuye a la economía, el empleo y los ingresos y bienestar de los hogares.
Hemos conocido de concejales que han integrado la Comisión de Presupuesto del Concejo, competente para su aprobación, y no saben explicar qué es el presupuesto y sus características. Es un verdadero analfabetismo presupuestal, tributario y fiscal, de eso que se denomina ‘la Hacienda Pública’, el que pulula entre la clase dirigente del Cesar y de Valledupar, y que en buena medida se ha extendido a gremios y a la academia.
Poquísimos vallenatos saben cuáles son los impuestos municipales. Tampoco que la Nación nutre ese presupuesto a través de transferencias, por rubros destinados a educación y salud, del Sistema general de Participaciones, SGP. Menos del catastro, muchos vallenatos, que tienen preguntas sobre los avalúos de sus predios y lo que le cobran de impuestos, siguen llegando a las oficinas del IGAC y no se dirigen a la Alcaldía.
Esa ignorancia sobre los temas de la ‘Hacienda Pública’ son el resultado de la apatía ciudadana, de la poca conciencia y educación política y cívica, acentuada por la pereza por las matemáticas y la cosas técnicas. Es más fácil criticar antes que averiguar…
Pero un gran responsable es la propia Alcaldía, sus cabezas y empleados sectoriales, que deberían ser los más interesados en dar a conocer didácticamente las finanzas públicas que le incumben a la ciudad y a sus corregimientos.
No informar, no socializar más allá del Concejo, refuerza la idea de la ciudadanía de que de esos vericuetos no se debe informar ni ésta se debe meter; ni la dejarán meter “porque la opacidad suele ser propia de la política y de los políticos”.
Pero una divulgación amplia, para lo cual hay bastantes medios de comunicación y formas de socialización virtual y presencial, como encuentros y charlas, le generaría beneficios al gobierno municipal y a Valledupar.
Veamos: la comunicación organizada y detallada le permite al gobernante y a su equipo mostrar sus limitaciones, qué se piensa hacer logrando confianza con la comunidad, que vería así con agrado los esfuerzos gubernamentales, conscientes todos de sus derechos pero también de sus obligaciones.
La población y sus líderes podrían hacer aportes significativos, tanto en dinero como en buenas y prácticas ideas. Hace como 30 años de esos diálogos con los vecinos surgió el mecanismo de la autoconstrucción de pavimentos barriales, transformándose la ciudad. Bien debe recordarse que sin el pueblo no hay tributos y sin tributos, convertidos en resultados, no continuará el brazo generoso del pueblo.