Por: Nuris Pardo Conrado
Urbanísticamente, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es una herramienta técnica que poseen los municipios para planificar y ordenar su territorio, integrando su planificación física y socioeconómica al medio ambiente; así mismo, es un instrumento que forma parte de las políticas de Estado, llamadas a propiciar desarrollo sostenible, contribuyendo a que los gobiernos orienten la regulación y promoción al impulso de los asentamientos humanos.
Su planificación va consagrada a la optimización de la eficiencia dentro de los procesos de ocupación y uso del territorio y el manejo geopolítico del municipio; nuestra carta política y las leyes vigentes lo establecen como un deber, por igual el marco jurídico indica quienes son los gestores o responsables directos y la manera como participan en su elaboración.
Es importante resaltar que el programa de gobierno propuesto a la ciudadanía Valduparense, como parte de la campaña política del hoy alcalde, es el resultado del tan cacareados plan de desarrollo municipal, el que indefectiblemente debe estar enmarcado dentro de las políticas del plan de ordenamiento territorial, donde se conjuga la acción coordinada de la planeación con los órdenes de gobierno nacional, departamental, regional y local junto al ámbito internacional, así como todos los sectores del municipio. Estos dos planes se complementan y se llevan a la práctica mediante la articulación entre la ejecución del plan de ordenamiento territorial y los planes de inversión del plan de desarrollo.
En Valledupar con la aprobación del plan de desarrollo encontramos una luz que se enciende y otra que se apaga,por la apresurada revisión que actualmente se está haciendo con espejo retrovisor del Plan de Ordenamiento Territorial, que regresa al municipio diez años atrás de estancamiento e incertidumbre por la no revisión oportuna del mismo, aunque ésta haya sido hecha en el ocaso de la administración anterior.
La ciudadanía no entiende como después del enorme esfuerzo que hizo la administración por modernizar el POT, léase contratación de un experto, realización de mesas de trabajo y concertación, talleres y demás, así como el respectivo análisis y aprobación por parte del Concejo municipal, hoy se pretenda revisar cuando prácticamente ni siquiera ha empezado a observarse la incidencia de los cambios, la administración municipal debe explicarle a la ciudadanía cuales son los motivos o razones para hacer tal revisión, que se busca con su nueva actualización, que deficiencias e insuficiencias tiene, cuales son los elementos técnicos, analíticos de las supuestas fallas que amerite desconocer la inversión pública que se hizo con la revisión pasada.
La falta de una visión integral para los múltiples operadores ciudadanos, implica no atacar los problemas de fondo, produciendo soluciones parciales y temporales, que en muchos casos se contradicen unas con otras, lo que da como resultado que cada solución propuesta genere nuevos problemas, convirtiéndose en un espiral infinito y aparentemente ininterrumpible.
Lo anterior pareciera señalar que en nuestro municipio los intereses particulares se anteponen a los intereses generales, habida cuenta, que existe un divorcio entre uno y otro ya que algunas herramientas económicas señaladas en el POT que pueden generar mayores ingresos para el municipio como la plusvalía y valorización de las tierras, poco o nada han importado al ejecutivo.
Los ciudadanos esperan de esta administración más ejecutorias que retoricas; pasar de las palabras a los hechos, que prime el interés general sobre el particular.
Una ciudad con un enorme desempleo, con una inseguridad atemorizante, educación y salud deficiente, servicio público de acueducto y alcantarillado con grandes deficiencias y nuestros gobernantes preocupándose por asuntos aparentemente baladíes. Deje el POT como está y concéntrese en las ejecutorias que requiere la ciudadanía sin que haya lugar para las excusas y lamentaciones.