El accionar de distintos actores armados ilegales en los municipios de Pailitas, Curumaní, Chimichagua, Pelaya, Pueblo Bello, Tamalameque, Astrea, Valledupar y El Copey, obligó a la Defensoría del Pueblo a lanzar nuevas alertas tempranas de riesgo en estas municipales.
Según la Defensoría del Pueblo, estos municipios están a merced de organizaciones dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal, además del accionar de guerrillas como EPL, ELN, facciones disidentes de las FARC-EP y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
Las consecuencias de estos grupos armados ilegales son los homicidios selectivos, en especial en población vulnerables, en las que se encuentran mujeres; personas con orientación sexual e identidad de género diversas; niños y niñas; adolescentes; comerciantes; campesinos; docentes; estudiantes; transportadores; servidores públicos; personas en ejercicio de la prostitución.
También son víctimas defensores de derechos humanos, líderes sociales; población migrante; víctimas del conflicto armado, personas en proceso de reincorporación, población socialmente estigmatizada; miembros de la misión médica; empresarios y jóvenes.
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