El Concejo de Valledupar acaba de poner el dedo en la llaga al proponer como debate central la violencia y el abuso infantil en la ciudad, un tema que pasa casi desapercibido en la agenda local, incluso para las mismas autoridades que según las conclusiones de los concejales “no coinciden ni siquiera en las cifras de los casos ocurridos en las últimas tres vigencias”.
En principio es oportuno abrir este tipo de debates, que afectan a una parte importante de la población vallenato, por no decir que la más importante, como son los niños, niñas y jóvenes.
En la mencionada sesión del Concejo hicieron presencia representantes de las entidades claves, como son Instituto de Medicina Legal, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, secretarías de Salud y Educación Municipal, con el fin de que rindieran un informe de la situación actual de la violencia y el abuso infantil, concluyendo que no había un trabajo mancomunado, sino desarticulado entre éstas, sugiriendo finalmente los concejales “una mayor conectividad entra estas instituciones”.
Sin embargo, el problema pasa los límites de la desarticulación institucional y toca fondo en las estrategias que desarrollan estas instituciones para prevenir y atender casos de niños, niñas y jóvenes violentados y abusados. ¿Qué hacen con un niño abusado o violentado? ¿Cuál es la ruta institucional? ¿Cómo atienden estos casos y qué seguimiento le hacen?
Según la publicación ‘Forensis, datos para la vida’, que publica anualmente el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que recoge las cifras oficiales sobre la violencia en Colombia, el Sistema Médico Legal colombiano reportó en el año 2011, 14.211 casos de violencia a niños, niñas y adolescentes, 480 registros más con respecto al año anterior, cifra que en el Cesar alcanzó los 202 casos y que en el 2012 siguió aumentando y en el primer bimestre de este año continúa en la misma línea, al reportar Medicina Legal 77 casos de abuso sexual, mostrando una clara tendencia de 38 casos por mes en promedio.
EL PILÓN invita a que todas las instancias o espacios que ya están conformados para atender este importante tema, como el Programa Sivigila de la Secretaría de Salud de Valledupar, el Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual que coordina el ICBF y la Comisión especial que acaban de conformar los concejales realicen un trabajo constante, serio y comprometido, que no sea flor de un día, ni una ‘moda’ que aparece sólo para llamar la atención y ganar imagen, sino velar para que las políticas públicas existentes sean una realidad y los proyectos y programas que adelantan las administraciones Municipal y Departamental lleguen a las comunidades como deben ser y se pueda desarrollar una labor preventiva y de atención a los casos que se registran. En esta labor es muy importante la labor de la Personería Municipal, que debe ser el garante de estas acciones. Manos a la obra, los niños, niñas y adolescentes los necesitan.