La violencia sexual en el marco de los conflictos armados es interpretada como un mecanismo para imprimir mayor impacto, generar terror, desagregar grupos poblacionales enteros, como las comunidades étnicas y campesinas. Nuestro Departamento ubicado en la parte Nororiental de Colombia, mantiene límites terrestres con Venezuela, en la Serranía del Perijá, la cual ha sido un factor determinante en la victimización de los pueblos en esas estribaciones, infortunadamente no ha sido ajeno a este tipo de violencia contra las mujeres.
El registro por medio del cual se identifican las personas víctimas por los diferentes crímenes reconocidos en la Ley 1448 de 2011, es una herramienta fundamental para conocer cuán grande ha sido el resultado de esta confrontación tan larga, lo es también para conocer o diferenciar entre un hecho victimizante y otro.
Sabemos que la modalidad de infringir lesiones o cualquier otro tipo de violencia contra las mujeres, constituyen una manera de ejercer control sobre las comunidades transgrediendo el tejido social de los pueblos. Es por ello que los resultados que arrojen los sistemas de información debemos confrontarlos con los diagnósticos y caracterización que se han adelantado desde los diferentes procesos de intervención institucional y por supuesto de otras organizaciones que contribuyen a la consolidación de un mejor país.
Una de las publicaciones del portal Verdadabierta.com describe las zonas de mayor impacto de la violencia en contra de las mujeres en el corregimiento de La Mesa, municipio de Valledupar, a tan solo 20 minutos de la capital del Departamento, parece insólito que estos hechos ocurrieran a tan pocos kilómetros de distancia, la modalidad en la ejecución de estos hechos logran dejar un manto de impunidad, tanto así que las personas nativas de estas poblaciones consideran que los hechos nunca han ocurrido, y en casos supuestos aceptan los comportamientos lesivos aduciendo estereotipos “culturales” que históricamente permiten que este tipo de violencia continúe.
Algo muy similar ocurre con las desapariciones forzadas, ya que buscan no solo generar más daño a los familiares debido a que el dolor se extiende en el tiempo, sino que además dejan un sabor de impunidad. Sumado a ello debemos mencionar que muchas víctimas de algún tipo de violencia sexual no logran romper su silencio debido a factores sociales como la dependencia de sus conyugues, los estereotipos que se construyen desde los imaginarios colectivos, la desconfianza institucional entre otros.
En jurisdicción del municipio de Astrea, que pareciera que los grupos alzados en armas se hubiesen empeñado en destruir comunidades como el corregimiento de Santa Cecilia, el cual tuvo que amanecer en medio de un oscuro suceso como lo fue la masacre del 20 de enero de 2000, cuando un grupo de paramilitares incursionaron en límites del río Cesar dejando una estela de 13 personas asesinadas ese mismo día.
El número de víctimas de violencia sexual aunque es uno de los más altos, se estima que hubo muchos más casos, solo que no han sido documentados debido a circunstancias expuestas anteriormente, el control territorial que supone este tipo de conflictos propicia escenarios vulnerables para la victimización de las mujeres.
La participación de las mujeres víctimas en los diferentes escenarios de la sociedad constituyen un rol determinante para la consolidación del proceso de paz, actualmente las mujeres víctimas en Colombia a pesar de no contar con un plan nacional de acción de sus derechos, cuentan con leyes como la ley de víctimas, ley de cuotas la cual reconoce la participación de las víctimas con enfoque diferencial y sobretodo como sujetos individuales y colectivos de derechos.
Por José Luis Blanco