No es el título de una película de terror, es lo que está pasando en la Sierra Nevada de Santa Marta, violaciones de niños y mujeres en los resguardos arhuacos y kankuamos, con la complicidad de muchos dirigentes que han querido echarle tierra al asunto para no afectar la imagen de la organización, incluso se habla de que algunos de los depredadores son miembros del Consejo de Mayores. La situación es seria, delicada y afecta un territorio que es nuestro mayor orgullo, cargado de biodiversidad, agua y que representa el futuro de una región amenazada por el cambio climático y con grandes expectativas para el desarrollo turístico, por eso es tan importante esta denuncia.
Comencemos por los arhuacos, que tienen capturado al cabildo gobernador Zarwawiko Torres, quien ante la imputación con pruebas sólidas de abuso sexual, incesto (la violación de su propia hermana) y corrupción, ha comenzado a mover las comunidades para hacerse la víctima y camuflarse en la jurisdicción especial indígena para evadir la justicia, dejando un manto de impunidad que puede ser muy grave, porque indicaría que si a él no le pasa nada, ocurrirá lo mismo con otros violadores que están en las comunidades haciendo de las suyas. Hoy, los arhuacos enfrentan una guerra interna por este tipo Torres, que se encargó de dividirlos en dos bandos, algo que nunca había ocurrido y que rompe su cosmovisión como etnia.
Por el lado kankuamo el asunto es peor, ya fueron capturados dos menores de 17 años y un mayor de edad en la zona de El Mojao que abusaban frecuentemente de una menor de 12 años, el colmo es que les dieron casa por cárcel y siguen campantes en el pueblo intimidando a las víctimas; también está un profesor que abusó de varias estudiantes, según reveló la periodista Katia Ospino en un documental que obtuvo premio en la casa editorial El Tiempo.
Otro violador está en Chemesquemena y al parecer es miembro de la Organización Indígena Kankuama, una situación aún más cruda que deben enfrentar con la verdad el cabildo Jaime Luis Arias y su asistente Iván Lúquez. La justicia ordinaria debe investigar, porque también se dice que antiguos directivos encubrieron varios casos e incluso en actas quedaron los arreglos para que las victimas guardaran silencio. También hay violadores en Rancho La Goya, La Mina y Atánquez, poblados donde reina el miedo.
La realidad es crítica porque parece ser una práctica aceptada y sistematizada, delitos execrables que merecen toda la atención de las autoridades, en especial de la Fiscalía para dar con el paradero de estos degenerados. ¿Será para eso que insisten en cerrar las vías y que la gente no se dé cuenta de lo que está pasando en el territorio? Es bueno recordarles a esos cabildos que en Colombia existe el libre tránsito y locomoción y ningún territorio está vedado por más indígena que sea; lo que les corresponde, en vez de estar haciendo marchas encubridoras, es apoyar a las autoridades para capturar a los responsables, porque hay un listado de la misma gente en los poblados donde aparecen 12 violadores más, que siguen sueltos y están atacando sin que nadie haga, ni diga nada. Llegó el momento de limpiar la Sierra de violadores, no es justo que la niñez y las mujeres de esos territorios estén abandonados a su suerte, sin que se tomen medidas.