Por: José Félix Lafaurie Rivera
La próxima semana será decisiva para la denominada “Ley de víctimas y de restitución de tierras”. Y, en contravía con la malintencionada postura de “opositores” que algunos le endosan a los ganaderos, queremos dejar claro que no seremos el palo en la rueda de este proyecto de justicia restaurativa. Saludamos las políticas transicionales para restituir derechos fundamentales a millones de víctimas que, como en el caso de miles de ganaderos, perdieron todo a manos de guerrillas y paramilitares, inclusive con mayor sevicia que en otros sectores y, por lo menos, tres décadas atrás de la fecha de corte propuesta por el Ejecutivo.
Nuestras víctimas son muchas más de las 3.423 asesinadas y secuestradas, cuyos nombres reposan, para la vergonzosa memoria de barbarie del país, en el libro “Acabar con el olvido”. Una edición que revelamos a las autoridades en busca de infructuosa justicia. Nombres que se suman a nuestros miles de desplazados, despojados de sus tierras, animales y cultivos. Nombres de quienes vendieron a pérdida o abandonaron sus parcelas obligados, entonces y aún hoy, por poderes mafiosos confabulados con actores armados, que hicieron de la tierra un activo de acumulación patrimonial, en donde medió el terror, pero también el dinero fácil que desató un “boom” ficticio sobre el valor de la tierra.
Los ganaderos no somos los grandes usurpadores de la tierra, ni los concentradores de la propiedad rural. De eso tendrá que dar cuenta el Gobierno, cuando desmonte las cadenas del testaferrato y se busque la responsabilidad en sectores que no están relacionados con la ganadería. Ellos tendrán que explicarle al país y a los colombianos. Porque no se puede llamar ganadero a quien compra tierras y reses con el producto de una actividad ilícita o seguir mancillando el nombre de generaciones que crecieron honradamente con la cría de bovinos.
Se culpa a la ganadería de usar mucha tierra y no lo hemos negado. Pero no se indaga sobre los fenómenos socio-económicos o las fallas en los modelos, que llevaron a que la ruralidad transitara hacia el desorden territorial productivo que hoy acusa. Habría que decir que son igualmente responsables los gobiernos y las políticas que ocasionaron el empobrecimiento de amplios sectores productivos tradicionales y dependientes de la economía campesina, siendo la ganadería el único reducto para sobrevivir muy de lejos de las oportunidades que genera la agricultura comercial de ciclo corto o de tardío rendimiento.
Es hora de sincerarnos, si la meta última es la reconciliación nacional. Una catarsis en la que dicho sea de paso, los ganaderos estamos llamados a salir del mutismo, para convertirnos en actores de primera línea, para evitar que la tierra vuelva a convertirse en bandera política. Y, más aún, para impulsar una visión prospectiva del campo, frente a las enormes oportunidades que se están abriendo en los mercados doméstico e internacional. Temas en los que, tristemente, ha echado raíces la parálisis propositiva.
Necesitamos abrir una discusión de política pública sobre qué hacer con el insumo tierra. Urge reordenar el territorio productivo rural y hacer un uso más eficiente de las muy escasas tierras de buena calidad que posee. Desde FEDEGÁN hemos desarrollado tecnologías para reducir el área y aumentar el hato, pero requerimos crédito, infraestructura y provisión de bienes públicos para consolidar este proceso. Exigimos instrumentos que no sesgue el modelo de desarrollo y condiciones para generar riqueza, superar los desequilibrios sociales y ambientales e invertir las dinámicas de incompetencia.