Con el colapso del sistema de la Secretaría de Hacienda de Valledupar, se demostró que el municipio no está preparado para hacer un recaudo eficiente. De una vigencia a otra los canales de atención y de información con relación al impuesto predial han desmejorado sustancialmente en detrimento de obtener unos ingresos propios considerables porque no facilita la administración municipal una relación fluida entre ambas partes.
Las dificultades comienzan desde el momento de la emisión de los recibos que ni siquiera llegan a los predios, sino que deben buscarse en la oficina de la Secretaría de Hacienda directamente o a través del sitio web de la Alcaldía de Valledupar que para estos efectos no cumple con las expectativas. Seguido de la absurda decisión de aplicar literalmente la norma sobre privacidad de información, que este año impidió a muchos propietarios de predios obtener el recibo porque no lo entregaban a terceras personas con la excusa de garantizar la seguridad del propietario, cuando esta información es pública en la página web y cualquier persona puede obtener solo con la dirección del predio toda la información.
Otra barrera para pagar el impuesto aprovechando los incentivos tributarios aprobados por los concejales vallenatos, es la reducción de los puntos de pago, pues solo se pueden hacer en las sucursales de dos bancos locales (este año no se pudo pagar en ventanilla de la Alcaldía). Esta decisión contradice cualquier política de recaudo, especialmente para facilitar los pagos a los ciudadanos, por ejemplo los servicios públicos que se pueden pagar en múltiples puntos. El malestar general de la ciudadanía con interés de pagar su impuesto es porque no se siente atendida, queriendo pagar y no pueden.
Estas dificultades de forma se suman a los de fondo, debido a que el avalúo junto con la tasa del municipio desborda el valor total de impuesto, y se convierte en un tributo impagable. El análisis que debe hacer la administración municipal y los concejales cuando aprueben incentivos y fechas para cancelar los impuestos, es la eficiencia del recaudo teniendo en cuenta cuántos predios facturan y cuántos pagan en realidad.
Hay que revisar qué pasa entre el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) que hace el avaluó y la Alcaldía Municipal que expide la factura. Muchos contribuyentes se quejan de la manera tan irresponsable como las dos instituciones se echan la culpa mutuamente, situación en la que finalmente el más perjudicado es el ciudadano que no tiene facilidades para cumplir con un deber constitucional, como es el pago de impuestos. El IGAC debe revisar sus procedimientos para atender las numerosas peticiones que a su sede local llegan para aclarar asuntos relacionados con el avalúo, para que no demoren las respuestas, aun excediendo los tiempos legales de un derecho de petición.
El alcalde Fredys Socarrás y su secretaria de Hacienda, Lili Mendoza, están desperdiciando su último año de gobierno, que bien podrían cerrar con un recaudo excelente, por no tomar decisiones acertadas y facilitadoras de los procesos.