La invasión del espacio público por parte de vendedores de jugos, comidas rápidas (perdón, comidas chatarra), refrescos, entre otros, es costumbre en todas las ciudades del mundo. En fin, de esas ventas “callejeras” viven muchas familias.
En algunas ciudades de Colombia las autoridades municipales y policivas mantienen un orden y dichos vendedores aceptan que deben respetar los derechos de los demás, sencillamente porque vivimos en un Estado Social de Derecho que implica una serie de normas y leyes que deben cumplir los ciudadanos y las propias autoridades. Sin embargo, aquí en Valledupar todo mundo vulnera los derechos del otro y los funcionarios que deben regular dichas anomalías “se hacen los locos y hasta extorsionan al vendedor”.
Todavía miramos perplejos e incrédulos el salvaje “paseo de la muerte” para los enfermos y la desigualdad campea “monda y lironda”, especialmente en Valledupar, en donde también infringen todas las normas, con la complacencia y hasta permisividad de las autoridades legalmente constituidas.
El Dane en su último informe sostiene que Valledupar es la octava ciudad con el más alto desempleo en el país y la segunda en la Costa Atlántica, con un 11,2 %.
La gente se rebusca y la informalidad de ventas callejeras estacionarias, en Valledupar, colma la falta de verdaderas políticas públicas para favorecer a las familias que de una u otra forma deben salir a invadir los espacios públicos para poder sobrevivir con sus hijos. Pero ese mismo desespero por conseguir la comida para sus hijos provoca la violación de los derechos de otras personas.
Hay muchos casos que podríamos citar hoy aquí sobre este delicado tema. Uno de esos calvarios lo está viviendo el Padre Daniel Omar Sarria Tejada, Párroco de las Tres Ave María de Valledupar.
Este sacerdote nacido en Buga (Valle del Cauca) afirma que no puede estar tranquilo de día ni de noche en su “casa cural”, calle 16B No. 11 – 80, barrio Loperena, porque al frente de la puerta principal, en el jardín y el sardinel de su residencia parquean ventas de toda clase de bebidas y carros con comidas rápidas, sillas y mesas las 24 horas.
Sostiene que no puede dormir porque el ruido de las licuadoras y el alto volumen del TV lo despiertan y vive en zozobra porque no puede hacer uso cabal de su casa, la misma que es la entrada del despacho de la Parroquia.
De nada han valido sus quejas ante la secretaria de Gobierno Municipal, Sandra Cujia, con quien ha tenido conversaciones por whatsapp y siempre recibe promesas. Todos se tiran el balón.
El Padre Daniel sigue esperando. Fue donde el jefe de espacio público, Rafael Ariza; luego lo mandaron para otra oficina en donde Norberto y hasta tiene contacto permanente con un Sargento de la Policía de nombre Justinico; también le envió una carta a la Inspectora de Espacio Público de la Alcaldía, Julieta Hinojosa, y nadie resuelve nada.
Incluso, el Sacerdote dice estar temeroso porque algunos vendedores han hecho comentarios contra él, porque reclama que le han invadido su casa cural.
Lo que mis consejeros periodísticos Tío Chiro y Tío Nan piden es que intervenga el Alcalde y resuelva el asunto rapidito. Lo primero, hacer respetar los derechos del Padre Daniel y de la Parroquia, pero a las familias que tienen sus negocios por allí debe reubicarlas para garantizarles también el derecho de tener un trabajo digno para mantener a sus hijos, porque no pueden quedar con las manos arriba. Hasta la próxima semana.
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