Aplaudimos el interés y la decisión del alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, y el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita, para solucionar los problemas de acceso a la urbanización Don Alberto, así como a otras zonas residenciales de la ciudad que dependen de esta vía para su movilidad.
Esta era una necesidad de los habitantes del suroccidente de Valledupar, que tenían dificultad para transitar por el lugar debido al mal estado de la vía, la cual en época de invierno impedía el flujo vehicular de manera normal.
En menos de un año, solo cuando llevaba seis meses de haber asumido el cargo, el gobernador Ovalle le entregó a la comunidad terminada la carrera 41 entre diagonales 12 y 16, con una intervención de pavimento (concreto de alta resistencia) de 418 metros lineales y solucionó en un gran porcentaje el problema vial.
Con una inversión de más de mil millones de pesos, en la primera intervención le dieron solución a las redes húmedas y alcantarillado pluvial del sector. Hay que recordar que en este sector cada vez que llovía se formaba una laguna y había desbordamiento de la acequia.
Ayer la obra que se había entregado en julio del año pasado, fue complementada con la inauguración de los metros faltantes de pavimento, justo los que hacían la conexión entre la vía La Popa (que conduce al corregimiento de La Mesa, y la carrera 41, que además incluía un box culvert que permitirá en adelante canalizar las aguas lluvias.
En menos de un año le dieron solución a una necesidad de un gran porcentaje de la población vallenata que usa diariamente esta vía para salir y entrar a sus zonas residenciales.
En total fueron 565 metros de pavimento, un box culvert, rejillas, espacio público, bordillos sobre calzada, baranda metálica, señales de tránsito y bancas en concreto sobre la vía.
Esta necesaria obra ya entregada al servicio de la comunidad es una muestra de la eficiencia y pertinencia con que se pueden desarrollar proyectos prioritarios para las comunidades. En este caso juega un papel importante, la unión de las administraciones departamental y municipal. Es ese el deber de la función pública, el que espera siempre la comunidad que se de, para que los problemas que la aquejan sean resueltos en el menor tiempo posible.