La generación de contenidos en las redacciones está amenazada porque muchas fuentes preferirán no dar informaciones si hay una sentencia judicial que obliga a revelar su identidad. El fallo de la Corte Suprema que ordena a la revista Dinero revelar las fuentes de una investigación periodística, dejaría al periodismo en Colombia sin uno de sus más preciados insumos para realizar la labor de control político: las fuentes anónimas.
Para ponerlos en contexto, en 2013, esta revista publicó el artículo “Los pecados de Eike” en el cual se criticaban las inversiones en Colombia del multimillonario brasileño Eike Batista y se cuestionaba a Leyla Rojas Moreno, exviceministra de Aguas del Ministerio de Ambiente y quien entonces trabajaba para la carbonera CCX Colombia, propiedad de Batista.
Luego de la publicación, Leyla Rojas demandó a Publicaciones Semana S.A., dueña de la revista, solicitando como prueba la exhibición de todos los correos electrónicos, comunicaciones y demás documentos que sirvieron como sustento de la nota. La prueba fue negada por el juez de conocimiento. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Bogotá autorizó la solicitud de Rojas. Publicaciones Semana S.A. interpuso una acción de tutela en contra del Tribunal solicitando dejar sin efecto su decisión. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia la negó argumentando que la exhibición de las comunicaciones es “indispensable (…) a fin de conocer la autenticidad de las afirmaciones efectuadas en el artículo”.
Consideramos que la Corte debe entender que si no se garantiza la protección de las fuentes nadie va a ofrecer información que pueda resultar peligrosa o que pueda causarle problemas. El mencionado fallo abre la puerta para un oficio periodístico menos independiente y por supuesto de menor calidad, además vulnera principios como la reserva de la fuente y la libertad de prensa.
El documento del alto tribunal advierte que: “Los periodistas no pueden ser censurados ni constreñidos, pero sí están sujetos al régimen de responsabilidad, en caso de faltar a la verdad o de una intromisión injustificada en la vida privada que cause perjuicios a terceros”.
Obviamente, los periodistas tenemos que ser responsables y sabemos que una fuente anónima debe ser usada en casos especiales, que lo justifiquen. Si no se hace de esta manera ya existen hay mecanismos legales como la rectificación, sin que esto lleve a revelar la fuente.
¿Tendrá el magistrado que negó la tutela, Armando Tolosa Villabona, intereses políticos o desconocimiento total de la importancia de la labor periodística? No sabemos, pero compartimos el pronunciamiento de la Misión de Observación Electoral MOE, que califica esta situación como terrible, teniendo en cuenta que las investigaciones y denuncias sobre temas de corrupción requieren de garantías mínimas de seguridad para quienes entregan información delicada y relevante a los medios de comunicación; la reserva de la fuente es en muchas situaciones la única garantía de seguridad que se puede brindar a los ciudadanos, las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas.
La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, señala que no se trata de un hecho aislado. De manera creciente, las autoridades están ordenando la exhibición de documentos protegidos por la reserva de la fuente en una tendencia que la FLIP ha venido registrando desde el año 2017. Durante el año pasado la FLIP tuvo conocimiento de seis casos en los que periodistas independientes o vinculados a medios de comunicación, como RCN Televisión, EL PILÓN de Valledupar y La Patria de Manizales, recibieron solicitudes de entidades para que entregaran su material.
Pero no todo está perdido, Semana impugnará la sentencia de tutela y esperamos que la misma Corte Suprema de Justicia respete la libertad de prensa y el derecho a la reserva de la fuente. De no ser así tendremos un periodismo con menos garantías y una sociedad más vulnerada.