La noticia de que mediante la fuerza el Gobierno venezolano pretende controlar los precios de los electrodomésticos, estrategia para lo cual judicializó el fin de semana a varios gerentes de almacenes de cadena por cargos de usura, acaparamiento y especulación, solo pone de presente la creciente gravedad de la situación económica del vecino país y el posible inicio de un despeñadero hacia el caos social.
De producirse ese escenario, el trasvase de las tensiones sociales al terreno político pondrá en entredicho la estabilidad del régimen y la misma continuidad del proyecto nacionalista y socializante del chavismo piloteado por el presidente Nicolás Maduro, una situación frente a la cual esta región fronteriza debe mantenerse vigilante dada su vulnerabilidad a los cambios en la economía venezolana.
Solo bajo ese contexto es posible entender, entonces, las especulaciones que inundan los círculos financieros y diplomáticos de Caracas sobre la posibilidad de que la desesperada situación del vecino país conlleve a soluciones radicales que incluirían la dolarización de la economía venezolana, una medida encaminada a frenar la fuga diaria de capitales producida por una zozobra cambiaria que hoy hace impensable la programación de cualquier inversión privada.
La sentencia de que, en las actuales circunstancias cambiarias, el bolívar es hoy una moneda paria, sobre la que no hay confianza alguna entre el público, explica el fondo que parece tocar el bolívar, maquillado hace casi una década con la eliminación de tres ceros como mecanismo sicológico encaminado a frenar su depreciación frente a la divisa norteamericana.
Con todo, las opiniones a favor y en contra de esta opción, de difícil presentación política por el Gobierno de Maduro, indican que, en efecto, la dolarización puede aliviar muchos de los males económicos venezolanos, como la hiperinflación que ya azota a ese país, un fenómeno producido en gran parte por la escasez de dólares para el financiamiento de las importaciones, lo que genera su encarecimiento en el mercado negro de divisas.
De eliminarse el mayor de los riesgos, el de una súbita devaluación del bolívar, remedio que ha sido inútil para solventar el déficit fiscal, la medida puede ser una respuesta adecuada al peor de los escenarios: una estanflación o, lo que es lo mismo, la presencia simultánea de fenómenos de inflación y recesión.
Frente a lo primero, con una inflación cercana al 50 por ciento en solo 10 meses y un índice de escasez que oscila entre el 20 y el 50 por ciento, avizoran la urgente necesidad de enviarles a los consumidores y productores un mensaje inequívoco de solidez monetaria, confianza que hoy solo puede transmitir la instauración del dólar como moneda única de curso legal.
La dolarización ecuatoriana en el año 2000, previa al estallido de la crisis que puso fin al Gobierno de Jamil Mahuad y no modificada por su sucesor Gustavo Noboa, hace pensar que dicho esquema monetario no puede ser intervenido por el Estado venezolano. Sin que sea la panacea a los males estructurales de la economía venezolana, la dolarización puede estar a la vuelta de la esquina, un escenario en el que la mayor sombra se cierne sobre si la demanda de dólares que requiere este cambio puede ser atendido por un flujo monetario cuya emisión no depende de Caracas, sino de Washington.